Violentar a las instituciones democráticas

La violencia es un problema creciente en el país, sus diversas expresiones lastiman la salud de sus ciudadanos, la sana convivencia y las capacidades para producir, para mejorar la vida y las interacciones entre ciudadanos y de éstos con sus autoridades.

Al final, la violencia física, la que se palpa en la calle y cuesta vidas, es una forma cruel e inaceptable de violencia, pero hay otras formas soterradas de ejercer presión, poder y violencia que afectan directamente a las instituciones democráticas, que hacen poco viable la vida social en democracia.

Esas formas de violencia deben también ser vigiladas, combatidas y desterradas de las prácticas de los partidos, de las instituciones y organizaciones si queremos en realidad la consolidación de la democracia en nuestro país.

La violencia política en crudo se ha dado a conocer el 8 de mayo, en un informe reciente en el que se advierte que: “Durante los primeros ocho meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones han arrojado (hasta el 8 de mayo, día que cerró el informe) un saldo de 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal” (Cuarto informe sobre violencia política. Etellekt consultores 10/05/2018).

Violencia y crimen están generando interferencias en el proceso electoral; por ello, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ha insistido en la necesidad de frenar la violencia y moderar el tono en el debate electoral. Los gobiernos de distinto orden, lejos de frenarla, la alientan al hacer parte en la contienda en favor de algunos de los partidos o sus candidatos.

El apoyo velado o abierto de las autoridades hacia algún actor político vulnera a las instituciones y las debilita justo en un momento en que las autoridades deben ser imparciales por el bien los municipios, estados y de la misma República. Lejos de la complaciente tolerancia o de plano del apoyo directo, los representantes de los gobiernos, las autoridades electorales, judiciales, etcétera, en el país y en los estados, están exigidos a cumplir con mayor diligencia su labor.

Frente a esta exigencia de imparcialidad y certeza, que debe ser el clima adecuado para la competencia electoral, la desatención en el nombramiento de autoridades como el fiscal anticorrupción, la designación de titulares o magistrados que responden a las agendas partidistas o de grupos de poder o la remoción de un fiscal confiable, como Santiago Nieto Castillo en la FEPADE, son una muestra de que por encima del estado de derecho –condición indispensable para promover una democracia de calidad–, las piezas que se acomodan obedecen más la necesidad de mantener las cosas como están.

Lo peor es que además se ha permitido un incremento de hasta ocho veces en el financiamiento privado, se ha reducido el presupuesto para la observación electoral y –en el colmo de la desfachatez–, se han nombrado a operadores políticos en lugar de expertos en política social, para que el uso electoral de los programas sociales permita abiertamente la compra y coacción del voto a lo largo y ancho del país.

No hace falta ya esperar a la jornada electoral para atestiguar o denunciar fraudes. Estos se han montado en las instituciones de gobierno y operan desde hace rato para aceitar la trampa, para ejercer violencia sobre los electores indecisos y sobre los que dependen de los programas sociales para alimentarse y sobrevivir. Esto también es violencia política y debe ser investigada, perseguida y castigada por unas autoridades que son juez y parte, por los partidos políticos, y denunciada por los ciudadanos que merecemos una mejor vida en democracia.

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JJ/I