No queremos ‘debate’, queremos respuestas

El fallido atentado al ex fiscal del estado y la muerte de Tadeo, el infante de 8 meses, a consecuencia del fuego provocado por manos criminales en el autobús que viajaba son los sucesos que enmarcan el debate que el próximo domingo los candidatos a la gubernatura realizarán en Puerto Vallarta.

Los hechos sucedidos en la emblemática avenida Chapultepec y la movilización consecuente que alcanzó varios puntos del área metropolitana provocaron severos congestionamientos a la movilidad y generó un estado de alarma tal que los ciudadanos no tuvieron otra opción que refugiarse en sus casas.

El hartazgo ciudadano hacia la inseguridad ha escalado otro peldaño en el límite de la tolerancia. El ¡ya basta! se hizo endémico en las redes sociales. La muerte de Tadeo encendió la indignación. La condena por los hechos es generalizada. La sensación es que vivimos en un estado de emergencia que no se ha querido reconocer. Porque de hacerlo habría que llegar a la conclusión de que las instituciones del Estado han fallado. Que tenemos un Estado fallido. Ésa es la percepción que priva en la mayoría de los jaliscienses. Que estamos hartos y que necesitamos soluciones.

Ésa es la premisa que deben asumir los candidatos para el próximo debate. Y en seguida, asumir su responsabilidad en la medida en que todos ellos forman parte de este fallido entramado institucional. Por eso, más que una réplica del pasado debate, del lamentable debate, en el que desperdiciaron el tiempo de los ciudadanos en insidiosos señalamientos de unos contra otros, esperamos que en esta ocasión, asuman la responsabilidad que les corresponde en el actual estado de cosas y utilicen su tiempo para presentar soluciones. No queremos promesas, queremos soluciones.

A excepción de Martha Rosa Araiza, candidata del Panal, todos los demás han ejercido cargos de representación popular. Enrique Alfaro, como diputado y alcalde de Guadalajara; Miguel Castro, diputado, alcalde de Tlaquepaque y secretario de Desarrollo e Integración Social; Carlos Lomelí, diputado federal; Miguel Ángel Martínez, secretario de Educación y diputado; Salvador Cosío, diputado local; Carlos Orozco, diputado local.

Es decir, todos ellos han participado de alguna manera en el desempeño de las instituciones; son, por tanto, responsables de su funcionamiento. Sería demasiado pedir que aprovecharan el espacio del evento del domingo para que cada quien, desde su perspectiva y responsabilidad personal, hiciera una revisión crítica de su participación y expusiera las causas y los motivos del fracaso institucional.

Más que ataques sería interesante escuchar la solución que cada uno propone para abatir la inseguridad y la violencia. No sólo en términos policíacos, sino atendiendo la complejidad del problema, en sus diversas dimensiones: económica, jurídica, educativa, salud, cultural. Cuestiones todas ellas que atraviesan a la sociedad en su conjunto. Hasta el momento, el gobierno federal se ha visto renuente a reconocer esta complejidad y por extensión también el gobierno estatal. Y al parecer se sigue apostando por enfrentar el problema desde la óptica militar, que ha demostrado su fracaso.

Para darnos una idea del tamaño del problema institucional que enfrentamos habría que señalar que si se aplicara de manera estricta la legislación sobre la producción y el consumo de la marihuana, no alcanzarían las cárceles para albergar a aquéllos que de alguna manera están vinculados con esta actividad y cuya vinculación no es estrictamente delictiva, sino que responde a necesidades de carácter económico. Son los miles de campesinos que hacen de su cultivo un medio de subsistencia, las redes de distribución en las que figuran centenares de microempresarios.

Lo grave es que esta situación de ilegalidad trasmina el tejido social y lo fractura inevitablemente. El desafío es monumental, pero uno esperaría que los candidatos nos presentaran sus propuestas para su solución.

@fracegon

JJ/I