Aprueban multas por difundir imágenes

JUNTAS. La reforma a la legislación del sistema de seguridad se aprobaría a la par de las bases del C5. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

Sanciones económicas de hasta de 80 mil 600 pesos para funcionarios públicos y de hasta 120 mil para particulares se fincarán si éstos difunden imágenes relacionadas a la seguridad del estado que no se deben divulgar, según una reforma aprobada ayer a la Ley del Sistema de Seguridad para el Estado de Jalisco.

Hoy, en sesión plenaria, se espera estrechar términos para aprobar las nuevas reglas del uso de tecnología y redes de telecomunicación para la seguridad pública y la creación del organismo público descentralizado (OPD) denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido Escudo Urbano C5.

A petición del Ejecutivo, los diputados locales avalaron nuevas reglas para la colocación, operación e instalación de cámaras de seguridad y sobre el uso de la información recabada.

En la ley del sistema de seguridad se establece un capítulo exclusivo de sanciones con multas de 860 a 80 mil 600 pesos y destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos hasta por cinco años, al servidor público que participe en la divulgación de grabaciones obtenidas protegidas por esta ley.

Además, si un funcionario que está encargado de la custodia de las grabaciones da acceso a un tercero sin derecho a ello, podrá recibir una multa que va de los 4 mil 30 a los 40 mil 300 pesos, o ser destituido e inhabilitado de su cargo por tres años.

Esta última sanción también será impuesta a servidores públicos que se nieguen a entregar grabaciones a la autoridad correspondiente.

La reforma contempla sancionar a los jefes de quienes estén encargados del manejo del sistema de tratamiento de imágenes con o sin sonido, y permitan la operación de los sistemas de videoseguridad para fines distintos a los creados.

En tanto, a los particulares que custodian las grabaciones y las entregan a una persona no autorizada para ser difundidas, y a aquellos que no las entreguen conforme marca la ley, les cobrarán hasta 40 mil 300 pesos.

Con la reforma, la cual falta que pase por el pleno, una de las obligaciones que se imponen al gobierno del estado es disponer de lo necesario para habilitar un sistema de comunicación telefónica, a través del cual los habitantes puedan en casos de emergencia establecer contacto de manera rápida y eficiente con las instituciones de seguridad pública y que funcione las 24 horas; sin embargo, este servicio ya existe y es el 911.

Esta reforma legal podría ser aprobada hoy y entrar en vigor en cuanto se publique en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Contra servidores

Una multa que va de los 4 mil 30 a los 40 mil 300 pesos podrá ser impuesta a funcionarios que están encargados de la custodia de grabaciones y que dan acceso a éstas a un tercero sin derecho a ello

JJ/I