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Los ciudadanos como carne de cañón

Señalar a las autoridades como culpables de los heridos y muertos a consecuencia de los hechos violentos del 22 de mayo pasado tal vez no sería exacto; sin embargo, sí podemos decir que son responsables, pues nunca se actuó para mantener oficialmente informada a la población y, lo más grave, tampoco para que estuviera a salvo.

Quienes estuvieron en los lugares en que se registraron los hechos violentos quedaron expuestos no solo ante los delincuentes, sino también ante las graves omisiones y la falta de protocolos. Los policías se enfrentaron a balazos en puntos de tránsito normal de personas, con consecuencias terribles. Además, aún cuando ya habían comenzado las reacciones con lo que se conoce como narcobloqueos, no se alertó a los ciudadanos.

Las consecuencias están ahí: la mayor parte de los heridos y dos de los muertos no tenían relación con los hechos. Quedaron en medio, sin saberlo.

¿De quién es la responsabilidad? En el caso del primer punto, el restaurante Suntory, sin duda del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. Los mecanismos de seguridad que se tienen que montar en torno a él ya habían llamado la atención de los ciudadanos, tanto en su etapa de fiscal como en su regreso al gabinete. Su asistencia a lugares públicos, por la cantidad de guaruras que lo rodean, siempre hacen dudar a quienes por casualidad coinciden con él. Es, la mayor de las veces, una situación incómoda.

Y no es que se pretenda que Nájera se encierre en su oficina, pero hace tiempo que debió medir el riesgo que su asistencia a cines, restaurantes y otros espacios de convivencia implica para otros ciudadanos.

Sus declaraciones el día del atentado también dejan en claro que solo se actuó para salvarlo a él, sin pensar el riesgo para otros comensales, transeúntes de la concurrida zona de Chapultepec y hasta a sus mismos escoltas. Nájera no actuó como ciudadano en peligro. ¿Por qué no reportó la situación al 911, como estaría obligado cualquier ciudadano?

Lo que se hizo, por el contrario, fue ponerlo a salvo, con un enfrenamiento entre policías y delincuentes que nunca tomó en cuenta la presencia de ciudadanos ajenos a los hechos. La prueba de ello son las dos chicas que resultaron heridas.

Luego, la persecución y el nuevo enfrentamiento en la avenida López Mateos. Una vez más se demostró que, a pesar de la guerra que enfrenta Jalisco, no existen protocolos para despejar las zonas donde se da un enfrentamiento de este tipo. Los videos de ese día, difundidos en redes sociales por ciudadanos, muestran que no hubo un aviso ni un intento de acordonar la zona. Una prueba más fue la muerte de Javier Sánchez, quien tuvo la desgracia de cruzar en ese momento por un puente peatonal y fue alcanzado por una bala perdida.

Después de todo esto, las autoridades negaron que hubiera “código rojo” y no hubo mecanismo oficial para pedir a la población que se mantuviera atenta y a resguardo. No pensamos en un toque de queda, pero sí en un protocolo que nos haga saber que no hay condiciones de seguridad en la ciudad.

El camión en el que viajaban Tadeo y su madre fue el último que se incendió. Es decir, cuando eso sucedió, ya las autoridades sabían que estaban registrándose ataques directamente hacia la población, porque eso son los “narcobloqueos” y, a pesar de la experiencia de hechos similares, todavía no saben las autoridades cómo actuar.

El tono de la violencia en Jalisco sigue en ascenso y, desafortunadamente, en ocasiones parece que a las autoridades de los tres niveles de gobierno les preocupa más que se dañe la imagen de sus administraciones, antes que aceptar que estamos en una guerra y que estar en la calle, sobre todo en momentos de violencia, es peligroso.

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FV/I