La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) acreditó la comisión de actos de tortura por parte de Policías Investigadores del estado contra un particular que, en noviembre de 2016, circulaba en su vehículo por la zona del Álamo cuando los responsables, encapuchados, con armas largas y sin identificarse, los bajaron del mismo y lo subieron a otro auto.

De forma posterior, se le pidió que les entregara un millón de pesos y, acusándolo de del delito de homicidio (que no reconoció), fue llevado a un sitio desconocido donde fe torturado a través de una serie de prácticas no descritas en la recomendación hecha pública (29/2018) por respeto a la víctima, pero que, a la postre, le representaron múltiples afectaciones físicas y psicológicas, incluyendo estas últimas depresión e ideación suicida.

Después de ser torturado, fue trasladado a calle 14, donde se abrieron procesos penales en su contra que lo llevaron al Reclusorio Preventivo del Estado, donde permaneció alrededor de cinco meses.

Por todo lo anterior y tras meses de indagatorias, el organismo defensor comprobó la versión del agraviado y se determinó que se le violaron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal (tortura) y al trato digno.

En la recomendación, dirigida a Raúl Sánchez Jiménez, ex fiscal general del estado, se pide que la dependencia que estuvo a su cargo realice la reparación integral del daño al agraviado de conformidad con las legislaciones federal y estatal que protegen a las víctimas. Esto incluye que se le brinde tratamiento médico y psicológico sostenido hasta su total rehabilitación.

De igual forma, pidió que se abra un proceso de responsabilidad administrativa en contra de Juan Pablo Montañez López, Pedro Eduardo Jiménez Silva y Omar Fausto Flores Alaniz y Juan Manuel Mendoza Cortés, policías investigadores de quien se acreditó la comisión de los actos, se deje constancia de los hechos en su expediente y que concluya la carpeta de investigación abierta por la misma fiscalía para que, si es el caso, se finquen las responsabilidades penales correspondientes por cometer los delitos de tortura y abuso de autoridad.

Por otra parte, la CEDHJ recomendó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que a la esposa y los hijos del hombre cuyo asesinato se le atribuyó al quejoso sobre el que versa principalmente el caso, se les tramite el registro correspondiente que les otorgue la calidad de víctimas.

También en Ixtlahuacán

De igual forma, el organismo defensor emitió otra recomendación debido al asesinato de un hombre de 62 años, empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), ocurrido el 22 diciembre de 2017 por parte de policías de la corporación municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, a quienes la víctima conocía y con los que acordó salir a beber.

El caso fue consignado entonces por El Diario NTR Guadalajara en una nota periodística en la que se expuso que dos testigos confirmaron que al occiso, quien portaba el dinero correspondiente a su aguinaldo, se le vio por última vez en compañía de los policías César Octavio Téllez Hernández, Carlos Daniel Maldonado Hernández y Miranda Lizeth Hernández Medina.

Además, se recogió que el cadáver de la víctima, quien murió a causa de asfixia, fue encontrado el 28 de diciembre debajo de un puente ubicado en el mismo municipio.

Con base en la publicación, la CEDHJ abrió una queja de carácter oficioso por el caso que derivó en la emisión de la recomendación 33/2018.

“Se tiene acreditado que el 22 de diciembre de 2017, César Octavio, Miranda Lizeth y Carlos Daniel privaron de la vida al (finado), de acuerdo a lo declarado por los dos últimos mencionados dentro de la carpeta de investigación (…) ante el agente del Ministerio Público que forma parte de la carpeta administrativa (…), ya que fueron coincidentes en señalar que quien planeó los hechos ilícitos fue César Octavio”, se lee en el documento, motivo por el que fueron vinculados a proceso.

“En función de los puntos recomendatorios dirigidos a Eduardo Cervantes Aguilar, presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, la CEDHJ expuso que éste aceptó dar atención médica y psicológica, así como una disculpa por escrito, a los familiares de la víctima; agregar copia de la recomendación a los expedientes administrativos de los involucrados; fortalecer el servicio de seguridad pública con la gestión de recursos que permitan contratar personal suficiente y adquirir equipo adecuado, además de otorgar la capacitación óptima y mejorar las condiciones laborales de policías”; sin embargo, rechazó otorgar una compensación económica a la familia.

Fecha

En noviembre de 2016 se dio el caso de tortura

JJ/I

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