Confirma TEPJF chanchullo de 'El Bronco'

Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime Rodríguez Calderón utilizó mecanismos de financiamiento prohibidos por la legislación electoral, para obtener las firmas de apoyo ciudadano y postularse como candidato independiente a la Presidencia.

En un comunicado, detalló que por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior determinó que el INE acreditó plenamente que El Bronco dispuso de personal administrativo del gobierno de Nuevo León para recabar firmas de apoyo de simpatizantes en horario laboral.

La Sala Superior determinó que el INE había demostrado la participación de 656 servidores públicos, asignados a 29 dependencias de la administración pública de Nuevo León, en actividades relacionadas con la obtención del apoyo ciudadano en beneficio de Rodríguez Calderón.

Consideró que la participación de los servidores públicos en horario laboral, a través de actividades ajenas a su función pública, significó la disposición física y temporal de los funcionarios, vulnerando los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Ello, conforme a las reglas en la materia de fiscalización, constituyó aportaciones en especie de un ente prohibido por la ley.

De acuerdo con el INE, el aspirante usó empresas de carácter mercantil para hacer trasferencia de recursos a cuentas bancarias del propio aspirante, bajo el concepto de aportaciones de campaña, y utilizó tarjetas de débito para pagar a auxiliares, con dinero que tuvo su origen en empresas de carácter mercantil.

El INE detectó un patrón de transferencias, realizadas por diversas empresas, que se replicaban en el caso de las tarjetas Oxxo Saldazo y a través de en un conjunto diverso de instituciones bancarias.

La autoridad comprobó que, en el periodo de octubre de 2017 a marzo de 2018, se realizaron transferencias por un monto total de 4 millones 352 mil 912 pesos hacia las cuentas destino en diferentes instituciones bancarias cuyos titulares son coincidentes con mil 35 ciudadanos registrados como auxiliares del entonces aspirante.

Los magistrados de la Sala Superior confirmaron así una multa por 739 mil pesos y que se le dé vista de las indagatorias al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Del mismo modo, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Congreso del Estado de Nuevo León y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su intervención, la presidente de la Sala Superior, Janine M. Otálora Melassis dijo: “no podemos tolerar el uso de esquemas que pretenden ser legales, ya que se pone a prueba legalidad y diligencia de las autoridades”.

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