Centros penitenciarios, a 155% de su capacidad

Los centros penitenciarios de carácter estatal que se operan en Jalisco mantienen niveles de sobrepoblación que ponen en riesgo la efectiva reinserción social de los reclusos y violan algunos de sus derechos humanos.

En el estudio titulado Características de la población privadas de la libertad en México, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se recoge que las cárceles estatales presentan una tasa de ocupación de 154.9 por ciento. Es decir que por cada cama útil existente hay más de 1.5 reclusos.

Esta cifra convierte a la entidad en la tercera a nivel nacional con mayor hacinamiento en sus centros penitenciarios, siendo sólo superada por Nayarit y el Estado de México.

 “Se ha documentado que elevar el contacto físico y carecer de un espacio suficiente y digno facilita el contagio de enfermedades infecciosas y/o parasitarias al interior de los centros penitenciarios, lo que aunado a la carencia de servicios médicos adecuados, genera un riesgo para el entorno familiar y social del recluso una vez que el liberado. La sobrepoblación también limita el acceso de los prisioneros a los programas de reintegración social existentes”, se expone en el documento sobre los riesgos que esta situación supone.

En éste también se exponen carencias como poca participación en los diversos talleres que se imparten para que los reclusos aprendan un oficio y logren conseguir un empleo una vez cumplidas sus sentencias. En el caso de Jalisco, menos de 15 por ciento de la población acude a éstos. Además, 15 de cada 100 internos no cuenta con el servicio de agua potable en su celda.

Instrumentos nacionales e internacionales, como la Ley Nacional de Ejecución Penal  o los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, establecen que si bien los presos pierden derechos como la libertad de circulación, de asociación y los de índole política, no es así con los relativos a la vida, a la integridad física, al trato digno y no degradante, a la alimentación, a la salud y atención médica, a la protección de la integridad, a la no violencia o uso de fuerza, al no hacinamiento o a la comunicación con sus familias, entre otros.

En contraparte, Jalisco es uno de los tres estados del país que brindan mayor cobertura de servicios médicos para los presos, pues más de 95 por ciento de los reclusos refirieron contar con este servicio, cuando la media nacional alcanza 83.6 por ciento.

De igual forma, las personas privadas de su libertad en el estado son, en comparación con el resto del país, de las que más trabajan, pues el promedio de días dedicado a actividades laborales es de 6.5 y nueve de cada 10 personas que las realizan reciben algún tipo de remuneración.

Servicio. El agua potable no está disponible en todas las celdas.

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Además, Jalisco es el tercer estado en el que menos casos de corrupción se presentan, pues sólo 17 de cada mil reclusos refirieron que les fue condicionada la obtención de algún servicio a cambio de alguna dádiva.

Organismos de derechos humanos consideran que cuestiones como las oportunidades de trabajo, el derecho a la educación, a la salud y al deporte son medios para encauzar a la persona a una adecuada reinserción en la sociedad y evitar que vuelva a delinquir.

NÚMERO

15 por ciento de los reclusos acude a los talleres para aprender oficios

JJ/I