Aceptan crisis humanitaria por desaparecidos

Washington. El gobierno de México ofreció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una comisión de seguimiento para los casos de personas desaparecidas, al reafirmar su disposición a que organismos internacionales coadyuven en los esfuerzos para su esclarecimiento.

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, enmarcó el ofrecimiento en las nuevas políticas de apertura del gobierno al escrutinio internacional en la materia y para el diseño de las mismas.

“Si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos en que pudiera desarrollarse”, dijo Encinas durante una audiencia celebrada en la CIDH sobre desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista posterior, el funcionario explicó que su creación estará supeditada a que así lo disponga la CIDH, al precisar que esto tiene que acordarse multilateralmente.

“Sí estamos hablando de una crisis humanitaria, de una crisis de derechos humanos, que es el reflejo de ausencia o debilidad del Estado, y cuando un Estado llega a esos niveles de precariedad, evidentemente la cooperación internacional es muy importante”, precisó.

Durante su intervención en la audiencia, celebrada en el marco del 170º Período de Sesiones de la CIDH, Encinas refrendó el compromiso del nuevo gobierno con el organismo y su disposición para fortalecer la relación bilateral y las competencias del mismo.

“Éste será un gobierno de puertas abiertas. No va a ser negando la existencia de esto que ocurre, simulando que se está atendiendo (la solución al problema), sino que tiene que asumir un compromiso el Estado mexicano para enfrentar de raíz este problema, en atención a todas y cada una de las víctimas que han sido, lamentablemente, objeto de esta crisis humanitaria”, dijo.

Las cifras

Ante peticionarios y comisionados, sostuvo que dicha crisis se refleja en las 38 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, además del hallazgo de más de 2 mil fosas clandestinas.

“No se tienen capacidades institucionales para identificar a todos los desaparecidos, hay más de 26 mil cuerpos sin identificar”, sostuvo.

Aludió además a los "gravísimos" problemas en la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas, “desde la impunidad que prevalece en todos los ámbitos del sistema judicial mexicano, hasta la incapacidad institucional para hacer efectiva la ley general contra la desaparición forzada contra particulares”.

“Quiero señalar con toda claridad, que las investigaciones que se desarrollen en todos los procesos de investigación en materia de desaparición forzada vamos a actuar contra los responsables, del Estado o particulares, sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezca”, manifestó.

Encinas dio a conocer que en enero viajará a Nuevo Laredo para participar en una reunión de alto nivel solicitada por los peticionarios en esta audiencia, a fin de conocer de primera mano la situación que se vive en esa ciudad en materia de desaparición forzada.

Impunidad

De acuerdo con Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, de enero de este año a la fecha se tienen reportadas más de 51 desapariciones forzadas en esa ciudad, algunas de ellas cometidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina.

Denunció que a pesar de que existen más de 80 carpetas abiertas relacionadas con estos casos, hasta el momento persiste la impunidad, a lo que suma la criminalización de las víctimas y sus familiares de parte de funcionarios de gobierno.

“Tenemos una crisis de seguridad desde el 2000. Nuestro estado ha estado corrompido por la delincuencia”, dijo al señalar que actualmente dos ex gobernadores se encuentran detenidos y sujetos a proceso legal, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

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FRASE

“Sí estamos hablando de una crisis humanitaria, de una crisis de derechos humanos, que es el reflejo de ausencia o debilidad del Estado, y cuando un Estado llega a esos niveles de precariedad, evidentemente la cooperación internacional es muy importante”

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación

Ponen como ejemplo búsqueda de la verdad

Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó hoy que la decisión del nuevo gobierno de México de crear la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa constituye una buena práctica en este ámbito que debería ser replicada por otros gobiernos en la región.

El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de la CIDH para el caso, dijo que la manera como inició el nuevo gobierno frente a este tema “es sin duda un cambio sideral en la concreción de lo que veníamos trabajando”.

“A mí me agradaría muchísimo que los gobiernos de la región se comprometieran de la manera tan franca, tan honesta, tan vertical, como lo ha hecho el nuevo gobierno mexicano para ayudarnos en la solución de esta pavorosa tragedia”, añadió el también relator para Derechos de los Migrantes.

Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció y firmó el acuerdo para crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que será presidida por el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Vargas consideró que aspectos como la asignación de esta tarea a un subsecretario de estado “muestra una vocación absolutamente indeclinable en el hallazgo de la verdad en el caso de Ayotzinapa”.

En entrevista posterior, el jurista colombiano dijo que su mención al respecto no fue gratuita, ya que buscó poner de relieve una buena práctica que es necesario promover.

“A uno le duele muchísimo el drama que siente todo el tiempo de los padres y las madres de estas personas víctimas de la desaparición en México, de manera que sí lo saludamos como buenas practicas”, destacó.

Vargas dijo que esto constituye un firme paso para dejar asentado el cambio de actitud, si bien reconoció que el gobierno pasado colaboró a través del mecanismo para el seguimiento de la medida cautelar que la CIDH dictó sobre este caso.

JJ/I