La cr�nica contradicci�n en salud

Parte de la problemática de fondo en materia de salud se encuentra en la contradicción entre los artículos 4 y 123 constitucionales. El artículo 4 establece la garantía de acceso a la salud de forma amplia e irrestricta para toda persona en nuestro país, en tanto que el 123 vincula y condiciona esta garantía, como parte de la seguridad social, a la situación laboral de la persona y como beneficio derivado para sus dependientes económicos.

Es decir, por muchos años, las personas que tuvieron acceso efectivo a los servicios de salud en México fueron aquellas que gracias a su situación laboral eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de alguno de los sistemas estatales de salud que atendían a los servidores públicos locales.

Con la aparición del llamado Seguro Popular, se canalizaron recursos a los estados para que éstos brindaran de forma regular servicios de salud a la población que no era derechohabiente de estos sistemas públicos de salud; sin embargo, como se ha podido constatar con el paso de los sexenios, este programa no ha construido infraestructura nueva, ha sobrecargado la capacidad existente, ha creado la falacia de la cobertura en sustitución de la garantía de acceso efectivo e irrestricto y ha funcionado como caja chica de muchos gobiernos estatales que han hecho un uso clientelar, discrecional y abusivo de los recursos que la Federación les ha entregado.

La naturaleza tramposa del Seguro Popular, sus cuestionables resultados y los escándalos de corrupción asociados con él, han llevado al nuevo presidente a señalar que este programa no es ni seguro ni popular, y a proponer en su lugar la adopción de un esquema de cobertura universal. Todo lo cual, a primera vista, podría parecer adecuado, pero la propuesta de cobertura universal, como en el caso del Seguro Popular, carece de una cimentación robusta y adecuada si no se hacen las reformas legales y organizacionales y las inversiones necesarias.

Además, cabe preguntarse: ¿qué dirán los trabajadores, los patrones y sus respectivas organizaciones, que son quienes han pagado para erigir los actuales servicios de salud públicos del país (recientemente bastante maltrechos) para que ahora se abran de forma indiscriminada a la población en general? Con el consabido mayor deterioro en la atención y el subsidio de su bolsillo a una responsabilidad que le pertenece sólo al Estado. ¿Asistiremos a una nueva simulación que terminará por desmantelar el sistema de seguridad social y de salud públicos? o ¿veremos altura de miras con una reforma de hondo calado en materia de salud para hacer efectivo lo que el artículo 4 constitucional señala?

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da/i