Los ministros mudos

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional ante el pleno del Senado con el objeto de ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); por si fuera poco, todavía planteó como un emboscado ultramontano extraído de las catacumbas de mediados del siglo 19 la creación de una tercera sala de la SCJN especializada en materia anticorrupción, la cual, según él, “debe contar con la competencia exclusiva para tratar temas de responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares”. El presidente de la República enviaría cinco ternas a fin de que los senadores eligieran por mayoría de dos tercios de los votos a los nuevos integrantes de la SCJN.

Justo es reconocer dentro del más estricto rigor ético que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, discrepó del senador morenista porque “en mi opinión, la Constitución tiene una Tercera Sección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece, precisamente, la integración de tres magistrados para ver el tema anticorrupción que hasta la fecha no han sido nombrados”.

Por toda respuesta, el coordinador de Morena agendó la polémica iniciativa después de haber desayunado con el presidente de la República en Palacio Nacional, de modo que el ciudadano jefe de la nación está perfectamente enterado y conforme con el planteamiento, de otra forma se hubiera opuesto, como correspondería a un auténtico juarista defensor de las ventajas de la división de poderes.

¿No era acaso un momento histórico para que los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia hubieran convocado a una conferencia de prensa para protestar por la iniciativa, en la que también se proponía desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal?

¿Qué tal un discurso en los siguientes términos ante la opinión pública?

“Señor Ricardo Monreal:”

“Los Poderes de la Unión, su independencia y su autonomía, aunados a los órganos constitucionales autónomos, constituyen las limitantes a los poderes entre sí y al equilibrio que exige nuestra democracia republicana en cumplimiento de la ley suprema”.

“La invasión irrespetuosa del Ejecutivo en contubernio con el Legislativo a órganos autónomos y del Poder Judicial, contrapesos constitucionales que limitan el poder presidencial en beneficio de los gobernados, minan su credibilidad y confianza”.

“Parte fundamental de cualquier democracia es un Poder Judicial, eficaz y con la suficiente autoridad para hacer exigible a las autoridades su sometimiento al orden jurídico, la independencia de este sistema es fundamental para que el Estado de derecho prevalezca y los derechos humanos estén a salvo y debidamente protegidos”.

“La incorporación de cinco nuevos ministros atropella de manera vulgar el nuevo sistema de justicia penal, el Sistema Nacional Anticorrupción, las obligaciones de la función pública en cuanto a la aplicación cabal de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la autonomía de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A los ministros de la Corte no les corresponde la persecución de los delitos y mucho menos la aplicación de sanciones administrativas”.

“La corrupción per se no está tipificada como delito, son las conductas que de ésta generan la adecuación a delitos previamente previstos y sancionados en la legislación mexicana”.

“De acuerdo con lo anterior, nosotros, los ministros de la Corte, en uso y goce de las facultades autonómicas que nos concede nuestra Carta Magna, y en ejercicio de los principios de contrapesos políticos existentes en una democracia, rechazamos la propuesta proveniente del senador Monreal porque en el fondo, de manera perversa y espuria, se le estaría concediendo al jefe del Ejecutivo un control encubierto sobre el máximo tribunal de la nación, sin perder de vista que el presidente López Obrador ya cuenta con una mayoría simple en el Congreso de la Unión y por ende, ya domina también en el Poder Legislativo, por lo que puede promover y aprobar diferentes leyes. Si accediéramos a esa propuesta contraria a los intereses de la República y al Constituyente del 57 y del 17, nos convertiríamos en cómplices de una regresión de consecuencias imposibles de prever. Todos somos Belisario Domínguez”.

¿Qué sucedió en la realidad? Que los ministros de la Corte enmudecieron y con ello reforzaron el dicho de quien calla otorga. ¿Ya no existen los Belisario en el México del siglo 21? ¿NO...? Preparémonos entonces para una nueva dictadura...

da/i