Se va al b�squet y ahora la investigan

El Congreso del Estado comenzó una investigación para determinar si la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Mirza Flores Gómez incurrió en un posible tráfico de influencias a favor del empresario Guillermo Romo Romero, con quien apareció a fines de febrero en las primeras filas en un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles.

La investigación se lleva a cabo como consecuencia de la denuncia que presentó vía correo electrónico Jorge Carlos Ruiz Romero, presidente de la agrupación civil Contraloría Ciudadana Independiente, una de las que motivaron que se abriera una investigación en torno al contrato de arrendamiento de maquinaria que se firmó con Operadora de Servicios Mega –propiedad de Romo Romero– por el cual el gobierno del estado pagará un monto mayor a los 3 mil 634 millones de pesos.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que el empresario Guillermo Romo Romero, quien aparece en las imágenes del partido de los Lakers de Los Ángeles, al cual también asistió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, había resultado ganador de la licitación pública local (LPL) 001/2019, referente al programa A Toda Máquina, por el mayor monto que se ha asignado en lo que va de la actual administración estatal.

En las imágenes, que se obtuvieron de la transmisión televisiva del partido de basquetbol, aparece la diputada Mirza Flores sentada entre el empresario y el gobernador.

Cuando el 4 de marzo se cuestionó a la legisladora quién había pagado los boletos, dijo que “un amigo nuestro que radica en Estados Unidos había hecho ya una reservación desde hace mucho tiempo, no sé, varias semanas, e iban a ir originalmente pues puros hombres. No sé, era una cita de amigos y al final te digo que tuve la suerte de ir”. Después precisó que era un empresario tequilero.

Romo Romero es hijo de José Guillermo Romo de la Peña, ex propietario de Tequila Herradura y actualmente radica en Estados Unidos.

El 5 de abril, el titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, Raúl Bermúdez Camarena, recibió un oficio del área de denuncias de la Contraloría estatal, en el que se le informa de la querella presentada por Jorge Carlos Ruiz Romero, “en la que señaló, entre otras cosas, un posible tráfico de influencias de una integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura, a favor de un empresario”.

El documento, del que este diario tiene una copia, menciona que según lo señalado en el artículo 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las denuncias que se reciben deben turnarse “a la autoridad que deba conocer de ellas”.

Por ello, se agrega en el texto, “tomando en consideración que el ciudadano denuncia un posible tráfico de influencias, conducta que se considera como falta grave”, se remite el caso “con la finalidad de que sea valorado y se ejerzan las acciones que al caso correspondan”.

Antes de la orden de la Contraloría estatal, el 29 de marzo, Bermúdez Camarena había comentado que inició una investigación por los señalamientos a la licitación de A Toda Máquina; sin embargo, aún no hay citatorios.

SE DICE DISPUESTA A COLABORAR

Tras la denuncia, Mirza Flores se dijo dispuesta a colaborar con la contraloría interna del Congreso del Estado.

Mencionó que está tranquila en cuanto a la información o comparecencia que le puedan requerir, pues, afirmó, no conoce a nadie que tenga que ver con la licitación o el dueño de Operadora de Servicios Mega, por lo que considera que no está vinculada al proceso.

“No me han notificado, es un procedimiento de investigación en el que en el momento que me notifiquen, acudiré para responder (…) (Estoy) totalmente tranquila, no conozco a las personas que están involucradas, yo no tengo ninguna toma de decisiones en relación a esos temas”, aseveró.

La emecista recordó que cuando habló del viaje a Los Ángeles, California, comentó que tenía un amigo que vendía tequila que les había ayudado a ella y otros funcionarios a comprar boletos para un partido de los Lakers, y aprovechó para aclarar que no se refería a Romo Romero, sino a otro que no es empresario, sino vendedor.

Pese a que estuvo sentada a un lado de Romo Romero, la diputada de Movimiento Ciudadano aseguró que nunca platicaron y que sólo convivió con el gobernador y su pareja.

La diputada insistió en que ella comentó anteriormente que tenía un amigo que vivía en California, vendía tequila y les reservó boletos para el partido, con una tarjeta preferente que tiene para eventos deportivos de Estados Unidos. Al llegar a la taquilla, aseguro, se los pagaron.

“Ese señor (Romo Romero) era la primera vez que lo veía, no lo conozco, no es mi amigo. Yo llegué tarde y volteó, y me hicieron un espacio (para sentarme), al señor yo no lo conozco, no es tequilero, no vende tequila ni compró los boletos”, reiteró.

 “No tengo ningún conflicto de interés con una persona a la que es la primera vez que lo conocía”, remató.

¿Qué es?

El programa A Toda Máquina consiste en la entrega de módulos de maquinaria pesada para 121 municipios del estado

“Ese señor (Romo Romero) era la primera vez que lo veía, no lo conozco, no es mi amigo. Yo llegué tarde y volteó, y me hicieron un espacio (para sentarme), al señor yo no lo conozco”

Mirza Flores Gómez, diputada de MC

Una suspensión no exime las responsabilidades: académico

Una eventual suspensión al programa A Toda Máquina no exime a las autoridades encargadas de garantizar la correcta aplicación de recursos el fincar las responsabilidades correspondientes, en caso de que se comprobaran, expuso el académico de la Universidad Panamericana (UP) Javier Soto Morales, abogado especialista en derecho agrario y en derecho administrativo

“Está el tema de que cualquier afectado o quien tuviera un interés jurídico o legítimo pudiera solicitar a una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez de amparo, la suspensión del programa; dos, la responsabilidad administrativa, de ser el caso, tiene que derivar en sanciones a los funcionarios omisos o responsables de actos que hayan llevado a que este proceso de asignación estuviese con escenarios de desvío de recursos, conflicto de interés o corrupción y, tercero, las responsabilidades penales del caso”, explicó.

En una suspensión, añadió, no podría dejarse de valorarse una posible afectación al interés público, es decir, valorar si la interrupción del programa pudiera suponer mayores afectaciones a los municipios beneficiarios de la maquinaria.

Más allá de si se concreta o no una suspensión al programa, la entrega de maquinaria debe parar mientras se realizan las investigaciones, consideró Francisco Jiménez Reynoso, abogado y docente de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Debería definitivamente de suspenderse ese proyecto y por el bien de esta administración, así como de la sociedad, hasta que se notifique que esto es transparente, libre de influencias y corrupción. Lo ideal es que las entregas se suspendan en lo que termina la investigación”, comentó.  Darío Pereira, Daniela Rodriguez

REQUERIMIENTO. Quintero recuerda que el Itei ya ordenó al Ejecutivo trasparentar el proceso relacionado al programa estatal.

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Reprueban opacidad en A Toda Máquina

Luego que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción acusó que autoridades municipales y federales no han atendido requerimientos relacionados con datos del programa A Toda Máquina, los dos ciudadanos que promovieron recursos el mes pasado para que se investiguen presuntas irregularidades en la licitación pública local (LPL) 001/2019 reprocharon la opacidad gubernamental.

La semana pasada, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) acordó notificar al Ejecutivo estatal para que transparente de forma gratuita y de fácil acceso el proceso relacionado con el programa, situación que no se ha dado.

Álvaro Quintero, uno de los denunciantes, recordó que se le condicionó el pago de 6 mil 390 pesos para obtener copias simples relacionadas con las etapas para el arrendamiento puro de maquinaria para el campo. La información es fundamental, por lo que debe estar disponible en la página de transparencia del gobierno estatal, como instruyó el Itei hace unos días.

“El que nada debe, nada teme. Me da la impresión de que no quieren manejarse de la manera más transparente porque pudieran brotar más irregularidades o puntos cuestionables en el proceso. El hecho de que estén poniendo tantas trabas incluso a otras instituciones sí genera dudas. Si todo fue hecho de manera debida, me parece que deberían haberlo transparentado desde los primeros cuestionamientos”.

Álvaro Quintero presentó una denuncia ante la Contraloría del Estado a fin de que analice presuntas irregularidades administrativas del proceso de licitación de A Toda Máquina. De comprobarse, explicó, la instancia tendría la facultad de ampliar las investigaciones y presentar las denuncias correspondientes por presuntos actos de corrupción.

El otro denunciante, el presidente de la asociación Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero, denunció un posible tráfico de influencias del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la diputada Mirza Flores, “a favor del empresario Guillermo Romo Romero”.

A la fecha, Ruiz Romero ha presentado cuatro ampliaciones de su denuncia, por lo que pidió que así como los ciudadanos se han involucrado para pedir cuentas claras al gobierno respecto al manejo de recursos públicos, los entes responsables de la fiscalización e investigaciones cumplan su obligación.

“La Contraloría, la fiscalía anticorrupción, el Itei, el Congreso y organismos competentes se tienen que fajar y actuar conforme a sus obligaciones, atribuciones y responsabilidades. Los ciudadanos no (debemos) dar cheques en blanco, también tenemos que ser vigilantes y ser muy responsables”, agregó.

“Me da la impresión de que no quieren manejarse de la manera más transparente porque pudieran brotar más irregularidades o puntos cuestionables en el proceso”

Álvaro Quintero, académico del ITESO

SOLICITUD. Xavier Orendáin pide continuar con la entrega de la maquinaria.

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Si hay anomalías, el programa debe echarse para atrás: CMIC

Si existen anomalías o actos de corrupción en la licitación del programa A Toda Máquina, ésta debe echarse para atrás, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco, Luis Méndez Jaled.

Más allá de si se detectan irregularidades, por ahora la Contraloría debe determinar si es correcto o no que continúe la entrega de maquinaria cuando hay una investigación al respecto, añadió el representante de los constructores.

Aunque el programa se ha visto envuelto en la polémica, consideró que el uso de maquinaria es importante para los municipios beneficiados.

“Es importante que sea para trabajos emergentes y menores donde no afecte una competencia desleal ante las empresas jaliscienses que pudieran hacer ese tipo de trabajos, hay que ser objetivos, a veces hay trabajos que les urgen a los ayuntamientos y los constructores no los atienden", reconoció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, llamó a seguir con las entregas de equipo en los 121 municipios beneficiados y a que la Contraloría continúe la investigación sobre el proceso de licitación.

Mientras el caso no sea juzgado, es importante que las demarcaciones reciban el beneficio de la maquinaria, consideró.

El empresario aseguró que está a la espera de los resultados de la Contraloría, pero reiteró que es importante que los Municipios aprovechen el equipo y hagan buen uso de éste, ya que, recordó, se contrató en arrendamiento.

ACONSEJA EXPERTO. En la ASEJ y otras instancias hay perfiles para detectar las irregularidades.

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Observan fallas en esquema de renta

Aunque la licitación del gobierno del estado para A Toda Máquina se hizo con base en un arrendamiento puro, este esquema no sería el utilizado.

“No es cierto porque no corresponde a las condiciones de contratos de ese tipo. Las cosas por su nombre. En ese contrato se trata de una compra a plazos porque te están obligando a la adquisición definitiva y a plazos, por la obligatoriedad de los pagos a meses con intereses caros”, señaló José Francisco Bojórquez Valenzuela, ingeniero de Profesionales en Finanzas y Técnicas de Soporte (Profits) SA de CV.

Para exponer su planteamiento, Bojórquez Valenzuela envió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción  una serie de documentos de datos abiertos en Word, Excel y PowerPoint.

Las fallas en el proceso son de origen, pues el ingeniero considera que debió lanzarse un concurso para el arrendamiento y otro de crédito o financiamiento para conseguir mejores precios.

En entrevista con NTR, abunda: “Hubo trampas a la hora de calcular los pagos. Lo mejor para el estado era un crédito bancario porque con éste es muy sencillo calcular pagos, formas de capital e intereses; sin embargo, aquí lo que hizo la supuesta arrendadora fue programar pagos como si se tratara de una compra, pero que por el mismo esquema de supuesto arrendamiento ni siquiera permite recuperar IVA, ISR y encima de eso tienes deuda pública”.

De acuerdo con lo enviado a la fiscalía anticorrupción, Profits calcula 57.66 por ciento de precios más elevados entre el arrendamiento puro que contrató el gobierno del estado por más de 3 mil 634 millones de pesos, en comparación con el esquema propuesto por la vía de crédito bancario.

“Fue un error el haber establecido la licitación para arrendamiento porque sale más caro que un crédito y al final de cuentas los dos son deuda pública porque se establecen pagos obligatorios por mensualidades”, considera.

En términos simples, explicó que cuando una persona renta un automóvil o cualquier otro bien, es él y no la empresa quién determina por cuánto tiempo lo necesita; si la unidad es nueva o tiene accesorios recientes, entonces sí es la firma quien determina el monto del valor agregado. Las garantías y anticipos pueden establecerse previamente, pero desde el inicio las partes deben valorar pros y contras, “sin que te obliguen a pagar mensualidades, en las que no estás seguro si necesitas el bien y además de a fuerzas el pagar el valor residual, lo que te obliga a quedarte con el bien”.

El especialista en finanzas confió en que se analice el tema con imparcialidad y profesionalismo, pues en su opinión hay diversas inconsistencias que pueden ser detectables por personas con perfiles como los que hay en la Contraloría estatal, la fiscalía anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), ante los que se han interpuesto al menos cuatro denuncias formales por A Toda Máquina.

JJ/I