El galimat�as de El Zapotillo

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez fijó su postura en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo. Su anuncio, de ir por un nuevo acuerdo de distribución de agua con el estado de Guanajuato, vuelve a poner sobre la mesa el viejo debate sobre la viabilidad de esta obra.

A lo largo de los años ha quedado claro que el problema no es sólo cuántos metros cúbicos le corresponden a cada entidad. Es más complejo: disponibilidad real de agua, sobrecosto de la obra, el elevadísimo costo que tendría pagar de manera legal los derechos de vía para el trasvase y, el más importante, el costo social.

Si mañana los gobiernos de Jalisco y Guanajuato llegaran a un acuerdo para la distribución del agua la obra no podría reanudarse. Lo que mantiene parada la cortina en 80 metros es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la decisión del ex gobernador Emilio González Márquez de no someter a la aprobación del Congreso del Estado el anterior acuerdo.

Esto significa que cualquier acuerdo al que llegue el gobernador Enrique Alfaro con Guanajuato tendrá que ser validado por el Congreso del Estado en virtud de que trascendería su administración.

Hay además tres juicios de amparo promovidos por habitantes de los poblados que serían inundados. Todo esto sin contar el tiempo que tiene abandonada la obra, lo que ha llevado a su deterioro.

Otro tema en el que se ha insistido es sobre la disponibilidad real del de agua en esta cuenca. Aunque el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval pagó a UNOPS un estudio, especialistas han cuestionado los resultados, ya que no hicieron trabajo de campo, sino que retomaron datos ya existentes.

El punto más importante a revisar es el costo social. Mantener la cortina en 80 metros, que significaría disponer de menos agua, solamente salvaría a Temacapulín; tendrían que inundarse Acasico y Palmarejo. La mejor rentabilidad de la presa sería la cortina a 105 metros, pero eso representa desaparecer los tres poblados.

En los últimos meses surgió un nuevo tema sobre lo que representaría restringir el acceso al agua para los agroproductores de los Altos, la región donde se produce una gran parte de la proteína que consumimos los mexicanos y también la que se exporta.

El retraso en el acueducto que llevaría el agua a Guanajuato es otra historia, con sus propias complicaciones. La parte más compleja es la concesión que se le otorgó a la empresa Abengoa, la cual tendría que haber entregado el acueducto en octubre de 2014, pero no puso ni un solo tubo. Todo esto sin contar la quiebra en la que se encuentra y el incumplimiento en el pago de bonos de deuda con diversas instituciones, entre las que está el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al que debe más de 600 millones de pesos y sus intereses.

Además están las suspensiones en los amparos que promovieron el ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos para que el acueducto no pasara por sus tierras. Esto llevó a modificar el trazo original del acueducto hacia la autopista; sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró a la Comisión Nacional del Agua que no podía instalar infraestructura hidráulica al lado de la carretera.

A todo esto hay que sumar el catálogo de dificultades en torno a los derechos de vía por todo el trazo del acueducto, el cual se puede consultar en los documentos que entregó la propia empresa a Abengoa cuando dio por terminada la concesión. Se pueden encontrar particulares que no dieron autorización para que sus tierras fueran cruzadas por el acueducto, así como una serie de predios públicos, carreteras, gasoductos y muchos obstáculos más.

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