Nueva estrategia de seguridad, a prueba

El análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República (ENSPGR) deja seis posibles lecturas: primero, la cuasi derrota del Estado mexicano ante el disparo de la inseguridad pública a manos de las delincuencias común, organizada y de cuello blanco, cada vez más poderosas; segundo, el replanteamiento de una nueva estrategia que se formula desde el Estado con un enfoque en parte diferente, al menos en el discurso, a los que fracasaron en los sexenios pasados y que busca rescatar un país en crisis de seguridad pública ligada a una crisis social y de derechos humanos; tercero, la esperanza vigilante que como ciudadanos necesitamos mantener, acompañada de la crítica inteligente y la exigencia de que se convierta en certezas, ante el desastre en que está sumida la seguridad pública nacional.

Una cuarta posible lectura remite a las dudas y críticas que han hecho públicas organismos y analistas sobre la efectividad de estrategias concretas, como sucede con la Guardia Nacional y su respeto a los derechos humanos; una quinta es la demanda de que los tres niveles de gobierno escuchen, retomen planteamientos y conviertan en sus aliadas a las organizaciones de la sociedad civil, que representan un activo que con generalizaciones se ha descalificado desde la Presidencia y, como sexta, que se puede inferir a la luz de las estrategias y su aplicación, es la apuesta política riesgosa de grupos y sectores del país que detrás de las críticas, necesarias y útiles en un sistema que aspira a ser democrático, esconden su avieso objetivo de provocar que naufrague la administración federal y se profundice la crisis del país.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, el diagnóstico de la ENSPGR exhibe las fallas del Estado. Transcribo un párrafo que demandaría vigilar a la clase política: “La tarea de garantizar la seguridad a los mexicanos es de una interdependencia sin precedentes. En esta etapa de emergencia que vive el país en materia de inseguridad, es una obligación política elemental promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada”.

El documento revisa el fracaso de las políticas públicas implementadas que han sumido en el miedo, el dolor y la desesperación a millones de mexicanos. En 30 páginas ofrece también el marco jurídico y las estrategias generales y específicas. Las generales son erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios; la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz.

Aprobadas por el Senado en abril, las estrategias enuncian “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”, con una política social como base. Si resulta o no efectivo está por comprobarse, por lo pronto plantea un nuevo modelo policial, otra visión de la prevención de los delitos y nuevos criterios para distribuir los recursos federales en materia de seguridad.

También señala seis estrategias específicas: focalizadas en las regiones y participación ciudadana; en el combate al mercado ilícito de hidrocarburos; en el combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita (conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en el abatimiento de estos delitos; para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; para combatir el robo al autotransporte y pasajeros en carreteras, y para abatir el tráfico de armas. Ésas son las apuestas. Habrá que conocerlas, evaluarlas y exigir cuentas.

[email protected]

jj/i