�rdenes que no protegen

El procedimiento que se sigue en torno a las órdenes de protección por razones de violencia de género volvió a someterse a revisión. El resultado, una vez más, es que no sirven.

En esta ocasión se trata del informe elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la cual hizo solicitudes de información, revisó otros antecedentes y tomó en cuenta tres recomendaciones que se habían hecho sobre feminicidios, en los que la víctima ya tenía una orden de protección.

Lo que podemos concluir después de los tres estudios que se han hecho en Jalisco, uno como parte de la revisión que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otro hecho a petición del Instituto Jalisciense de las Mujeres en la administración pasada, y el que esta semana dio a conocer la CEDHJ, es que el estado no cumple con la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia.

La ineficiencia de las órdenes de protección es consecuencia de la falta de capacitación y sensibilidad del personal a cargo en las diferentes etapas. Tampoco ha habido una apuesta para que se disponga de los recursos humanos, tecnológicos y económicos que una situación de gravedad como la que atraviesa Jalisco se atienda. A esto hay que sumar la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes autoridades que tienen alguna intervención y el exceso de trabajo.

Uno de los puntos esenciales que se marcan entre las fallas que se cometen y que han llevado a que mujeres que tienen órdenes de protección sean asesinadas es que en estas medidas cautelares no se señala el nivel de riesgo que hay para la víctima.

Lo anterior significa que se elaboran machotes que se reparten sin ningún tipo de control ni seguimiento. Así, aplica igual para una mujer que es molestada en la calle que para alguien amenazada de muerte por su pareja o que ya ha sido víctima de violencia física. Tampoco existe una evaluación permanente del riesgo para actualizar esa información en las órdenes de protección.

No hay además un seguimiento, lo que impide saber si la violencia cesó o, en casos más delicados, si aumentó.

Pero las fallas empiezan desde que se presenta la denuncia y se integran las carpetas de investigación. Es más, incluso hay autoridades, especialmente las municipales, que desconocen que tienen atribuciones para emitir órdenes de protección y las obligaciones que en este tema deben cumplir.

La recomendación habla de trabajo integral y urgente, por lo que puntualiza qué debe cambiar cada autoridad. Incluye hasta al Congreso del Estado, con reformas tan importantes como tipificar el delito de incumplimiento a una orden de protección. Todas las autoridades y todas las etapas deben modificarse, enfatizó la relatora Ana Lézit Rodríguez, quien coordinó los trabajos.

De no darse cambios, tal vez sea más peligroso para una mujer tener una orden de protección, pues una vez que el documento se emite entiende que ya el estado está a cargo de su seguridad y la realidad es que su vulnerabilidad es la misma que si no tuviera el papelito. Incluso algunas veces es peor, si el agresor es alertado que fue denunciado.

En los próximos días las autoridades señaladas deberán responder si aceptan las recomendaciones. Por la forma en que han actuado hasta ahora, más preocupadas por eludir la responsabilidad, parece difícil. Sin embargo, el informe, más allá de los señalamientos, podría ser una buena guía para corregir todo lo que se está haciendo mal.

El feminicidio de Vanesa Gaytán a las puertas de Casa Jalisco fue sólo una alerta más de lo que ya sabíamos: las órdenes de protección no son una restricción real para los agresores.

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