Ley de archivos, con pocos avances en aplicaci�n

Aunque la Ley General de Archivos entró en vigor el 15 de junio, en Jalisco se registran pocos avances en su implementación, consideró Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

El objetivo de la legislación es el garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos físicos y digitales con la finalidad de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información, y es aplicable a prácticamente todas las instituciones públicas del país.

“En este momento la mayoría de autoridades deberíamos de estar, al menos, con un piso mínimo en cuanto a las cuestiones generales de atender estas responsabilidades. Efectivamente existe, hasta este momento, un gran desconocimiento todavía por parte de la mayoría de las autoridades”, lamentó Cantero Pacheco.

Aunque expuso que son pocas las instituciones que cuentan con un presupuesto destinado al cumplimiento de la ley, recordó que éstas no quedan eximidas de las sanciones de índole penal que ésta contempla.

En Jalisco también está pendiente la aprobación de la ley estatal en la materia, situación urgente toda vez que en septiembre próximo comenzará a operar el Sistema Nacional de Archivos y, para entonces, Jalisco ya deberá tener instalado el consejo estatal sobre el tema.

INCUMPLEN

De igual forma, en su sesión realizada ayer, el Itei determinó amonestar públicamente a tres presidentes municipales: Antonio Medina Flores, de Degollado; Enrique Buenrostro, de Tala, y Gildardo Partida, de Amatitán, así como a la titular del Instituto Municipal de la Mujer de San Julián, Acela Márquez González, por no llevar a cabo las adecuaciones en materia de medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que les solicitó el instituto a fin de proteger de forma adecuada los datos personales de los ciudadanos.

Esta es la primera vez desde que se publicó la ley en la materia en que se emiten estas medidas de apremio.

En caso de no atenderlas en un plazo de cinco días, los funcionarios podrían hacerse acreedores a multas económicas de entre 12 mil y 75 mil pesos.

JJ/I