Costos de la violencia

Recientemente, el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sídney, Australia, presento el Índice Paz México 2019. El reporte hace estimaciones de los costos económicos que la violencia ha tenido en México usando datos oficiales. Más aun, hace recomendaciones de política pública para reducir dichos costos.

Los hallazgos muestran que la violencia es muy cara para México. Según las cifras reportadas, el impacto económico a nivel nacional fue de 5.16 billones de pesos en 2018. Esta cifra es equivalente a 24 por ciento del PIB. En términos per cápita, el impacto fue de 41 mil 181 pesos; más de cinco veces el salario mínimo mensual de un trabajador.

El reporte también muestra que los costos de la violencia, medidos como proporción del PIB estatal, no son homogéneos a lo largo del país. Así, los estados que registraron cifras más altas fueron Guerrero (76.5 por ciento), Oaxaca (48.5 por ciento) y Colima (48 por ciento); mientras que, los estados que registraron cifras más bajas fueron Campeche (2.2 por ciento), Ciudad de México (6.9 por ciento) y Coahuila (7.3 por ciento).

En Jalisco, la violencia también es muy cara. El año pasado costó 345 mil 316 millones de pesos (i.e., 19.3 por ciento del PIB estatal). El impacto económico de la violencia, medido en términos per cápita, ascendió a 41 mil 912 pesos. Esta última cifra es mayor que el promedio nacional y duplica la correspondiente a Yucatán (17 mil 124 pesos).

Las recomendaciones incluidas en el reporte buscan mejorar el funcionamiento del gobierno, reducir la corrupción, liberalizar los flujos de información e incrementar la inversión en el sistema judicial. De hecho, en el reporte se señala que, si se redujera la violencia del país al nivel de los cinco estados más pacíficos, los beneficios serian de 2.5 billones de pesos al año.

En mi opinión, el reporte hace un diagnóstico necesario y pertinente sobre los costos económicos de la violencia en el país. Más aún, hace una cuantificación de lo caro que resulta establecer políticas públicas mal planeadas, mal financiadas, sin procedimientos de operación establecidos, sin respaldo institucional y sin mecanismos de monitoreo, supervisión, evaluación y ajuste.

Sin duda alguna, una referencia útil para los tomadores de decisiones nacionales y extranjeros.

JJ/I