Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, respectivamente, salieron del despacho presidencial en Palacio Nacional la tarde-noche del lunes festinando que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no demoler los 79 metros de la cortina ya construida de la Presa El Zapotillo, y de manera marginal refirieron que continuarían las pláticas sobre el futuro de esta polémica obra.
No abundaron más sobre los detalles de la plática con el mandatario federal, salvo que le entregaron un proyecto técnico en el que intervino también la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero quienes sí dieron pormenores de lo sucedido fueron los representantes de las organizaciones y comunidades vecinas a la presa, a quienes López Obrador recibió después de haber dialogado con los gobernadores.
Cuando se creía que con aquel convenio firmado por los gobernadores Alfaro Ramírez y Rodríguez Vallejo en Lagos de Moreno, donde acordaban repartirse los porcentajes de agua del río Verde para sus respectivas entidades, quedaba superado cualquier obstáculo para continuar con la construcción de El Zapotillo, desde Palacio Nacional frenaron su entusiasmo y hoy, en un balance después del encuentro entre inconformes y los mandatarios estatales con el presidente de la República, podríamos decir que estos últimos sacaron la peor parte.
Tanto Enrique como Diego Sinhué recibieron un balde de agua fría en Palacio Nacional con las siguientes decisiones tomadas en sendos encuentros:
1. El gobierno federal no destinará ni un peso en lo que resta de este año ni en 2020 a la obra de construcción de la Presa El Zapotillo. O sea, si se invierte será en 2021, año electoral, si es que políticamente es conveniente para el gobierno lopezobradorista.
Con lo anterior, prácticamente quedó congelado el acuerdo firmado por Alfaro y Rodríguez hasta nuevo aviso.
2. El gobierno federal obligó a los gobernadores a organizar mesas de negociación y sentarse a dialogar con los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con colectivos y organizaciones opositoras a la obra, así como con productores del campo de los Altos y de Guanajuato que anteriormente no había sido tomados en cuenta, en la búsqueda de que lleguen a un acuerdo. Mientras esto no suceda, la administración lopezobradorista no tomará cartas en el asunto.
De acuerdo con lo informado, estas mesas serán integradas por 30 personas: 10 representantes del gobierno federal, 10 representantes de los colectivos, organizaciones y pobladores, cinco representantes del gobierno de Jalisco y otros cinco de Guanajuato. No es que sea mal pensado, pero recordé el dicho aquel que dice que si no quieres que un problema se resuelva, integra una comisión para que lo atienda. ¿Será éste el caso?
Se menciona que posiblemente la primera mesa de diálogo o negociación se instale y trabaje dentro de una semana, y que próximamente habrá otro encuentro con el presidente López Obrador, quien se comprometió a estar muy al pendiente del avance de las pláticas y posibles acuerdos.
El 29 de junio cuando los gobernadores firmaron el convenio, a través de un video en sus redes sociales Alfaro Ramírez destacó que ahora esperaban que el gobierno federal “cumpla su palabra” y libere los recursos necesarios para las obras necesarias para repartir el agua. Y luego presumió: “Es un paso histórico, es el primer elemento que se necesita para ahora sí poder resolver de fondo el problema de abasto de agua para nuestro estado”.
Pues resulta que no sólo el gobierno federal no liberará recurso alguno, sino que, además, ese “paso histórico” se topó con una cortina que detuvo su camino y no fue precisamente la de la Presa El Zapotillo, sino la de Palacio Nacional.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I
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