Va Segob tras Murillo Karam y Tom�s Zer�n

Ciudad de México. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció que un juez permitió la liberación de otros 24 inculpados en el caso de desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En conferencia de prensa, el funcionario federal informó que el juez primero de distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó el sábado pasado las liberaciones, en una vieja práctica de “sabadazo”.

Esos casos se suman a las 53 anteriores liberaciones, lo que da un total de 77 de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

Encinas Rodríguez detalló que solo quedan 65 detenidos por ese proceso y de mantenerse la tendencia en los próximos días podría permitirse más liberaciones.

A decir del funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), ello constituye una afrenta para las víctimas y sus familias, además de mostrar la “miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”.

El funcionario federal anunció que se presentarán los recursos y diligencias para responsabilizar a Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades.

Denunció que en la víspera, "en día de puente, y en una resolución que no firma el juez, sino la secretaria de Acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el juez primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos (…), dictó libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”.

Incluso, dijo, no se encontró fotografía del juzgado ni registro en las páginas del Poder Judicial, y recriminó “que la actuación (del juez Ventura) es una afrenta a los trabajos de investigación que desarrolla el gobierno federal a través de la Comisión Presidencial” que encabeza.

Alejandro Encinas añadió que el juez “no observó la jurisprudencia del 21 de junio de 2019, que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y elementos relacionados, pero con el resto de las pruebas se debe determinar la materialidad del delito.

A pregunta expresa, indicó que se irá a fondo en esos hechos, que se trabaja para llegar a la verdad y se haga justicia. "No le estoy echando la culpa al juez, estoy dando a conocer y dando un punto de vista de su actuación. Aquí no estoy inventando nada”, acotó, aunque reconoció que hubo graves omisiones.

jl