Trump, a juicio pol�tico

El 24 de septiembre, la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el inicio de investigaciones para enjuiciar políticamente (impeachment) al presidente de ese país, Donald Trump. Esta acción tiene varias repercusiones para el país del norte, aunque también lo es para nuestro país.

El impeachment significa que el Congreso norteamericano considera que el presidente ya no es apto para ocupar el cargo y deberá dejarlo. Recordemos que el Congreso está constituido por la Cámara de Representantes y el Senado, y ambos deben intervenir para que se dé el procedimiento.

La Constitución norteamericana especifica que la Cámara de Representantes es la que inicia el juicio político: la cuarta sección del artículo segundo establece que el presidente (así como el vicepresidente y los demás funcionarios) “serán separados de sus cargos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. Sin embargo, entre iniciar el procedimiento y ser declarado culpable hay una intrincada maraña de posibilidades.

Es el Senado el que, una vez que se tengan los resultados del juicio político, erigido en tribunal supremo, debe juzgar al presidente de los Estados Unidos y su resolución deberá estar respaldada por “el voto de dos terceras partes de los miembros presentes”.

En el caso del “inicio de investigaciones” anunciado por Pelosi, si el comité parlamentario responsable decide que “sí ha lugar”, entonces la cámara votará a favor o en contra de la resolución. Sin embargo, el presidente de dicho comité, el demócrata Jerrold Nadler, advirtió que apenas están reuniendo toda la evidencia y que tal vez hasta el fin de año puedan tener las conclusiones.

La reticencia de algunos miembros de la cámara (y de Pelosi misma) dio un giro al conocer la información del whistleblower (cuya traducción más cercana, que no sea peyorativa, es delator) con relación a la supuesta solicitud de Trump de cierta información al gobierno de Ucrania para verse beneficiado en las próximas elecciones presidenciales. Esto es suficiente para acusar a Trump de traición, si así lo considera la cámara.

Sin embargo, hay que recordar que los republicanos tienen la mayoría del Senado y no se les ve muy entusiastas con la idea de enjuiciar políticamente al presidente Trump. Además, el estar en medio de una investigación por juicio político, no impide que Trump pueda contender por un segundo término en la Presidencia. Entonces, las posibilidades de que Trump sea removido de su cargo son muy remotas. De hecho, esto reforzaría sus posibilidades de salir con la victoria en las próximas elecciones.

¿Cuáles serían los impactos para México en este escenario? De entrada, el principal efecto y más importante es que se complicaría la firma del acuerdo comercial entre México, Canadá (sus dos principales socios comerciales) y Estados Unidos, y su resolución se alargaría hasta que concluyeran las elecciones de 2020. Es más, este acuerdo ya no es prioridad para los demócratas, quienes estarán más concentrados en debilitar electoralmente a Trump.

Si bien el primer mandatario estadounidense ha visto con beneplácito el muro construido por AMLO y que considera que nuestro gobierno ha hecho mejor papel que los mismos demócratas no han realizado para controlar la migración ilegal y que, en los hechos, México se ha convertido en un “tercer país seguro”, ha sido también un triunfo para Trump, con lo que también refuerza su candidatura.

En definitiva, lo que sí puede ocurrir debido a la improcedencia de las investigaciones de juicio político contra Trump es que los mercados financieros no se verían afectados; se recrudecería la política exterior estadounidense; Trump se fortalecería electoralmente para conseguir su segundo triunfo electoral y el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos se vería postergado.

¿Le conviene a México que se continúe el proceso de juicio político contra Trump y que, eventualmente, sea destituido? La moneda está en el aire.

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JJ/I