Al banquillo: Sedis y ex titulares

La denuncia en contra de los tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades es cosa seria que seguramente no subestiman los señalados: Salvador Rizo Castello, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo.

Sin embargo, el gobierno del estado deberá de dejar en claro que la acusación en contra de los tres ex funcionarios no es un ajuste de cuentas contra los tres o uno de ellos, que no es una cacería de brujas o que no es su propósito utilizar a la fiscalía anticorrupción como el instrumento para sus venganzas o para ablandar a quienes advierte como sus opositores o detractores.

Y la fiscalía anticorrupción demostrar que lo que se cree de ella no es verdad, de que es prácticamente una oficialía de partes del Ejecutivo o una extensión más de su gabinete ampliado.

Y es que lo que hoy se conoce del caso, luego de la comparecencia de los tres denunciantes ante el juez, está muy lejos de ser lo que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez declaró públicamente el miércoles 11 de septiembre durante un evento en Casa Jalisco sobre apoyo para organismos civiles. En aquella ocasión el mandatario estatal dijo:

“Tenemos hasta ahorita detectadas 13 asociaciones que fueron parte de una red de complicidades para usar el dinero de los jaliscienses para propósitos que nada tienen que ver con la asistencia social (…). Si no lo hacíamos (denunciarlo), entonces caemos en la historia de impunidad en la que decimos: ‘nombre, se robaban el dinero, pero no presentamos denuncias, no las ratificamos, no aportamos pruebas”.

Y luego agregó: “El tema está ya en la fiscalía anticorrupción que yo espero que dé resultados muchos más de los que hasta ahora ha dado. Hay que apoyar a la fiscalía, pero necesitamos exigirle a la fiscalía que haga su trabajo”.

Al parecer la fiscalía anticorrupción acató de inmediato la exigencia de Alfaro Ramírez de dar resultados pronto sobre este caso, pues mientras su actuación en el caso de la irregular y simulada licitación de A Toda Máquina ha sido demasiado lenta, a paso de tortuga, de manera expedita respondió a la petición del gobernador y hoy tiene sentados en el banquillo de los acusados a Rizo, Castro y Trujillo.

A diferencia de lo dicho en aquella ocasión por el gobernador Alfaro en el sentido de que 13 asociaciones integraron “una red de complicidades para usar el dinero de los jaliscienses para propósitos que nada tenían que ver con la asistencia social”, lo que ayer se supo es que el “delito” o irregularidad de los ex titulares de Sedis fue haber emitido cheques a favor de asociaciones civiles entre cuyos integrantes estaba quien a su vez era funcionario público, lo que no está permitido por la ley. ¿Lo sabían Miguel, Salvador y Daviel? ¿Lo sabían los integrantes del consejo que es el que aprueba o no dichos apoyos? ¿Estaban obligados a saberlo?

Miguel Castro emitió varios cheques que iban entre los 200 y 400 mil pesos, Salvador Rizo expidió tres cheques por 299 mil, 269 mil y 299 mil pesos, mientras que Daviel Trujillo emitió cinco cheques más por montos similares a los anteriores.

Algunos integrantes de esas asociaciones y que a su vez eran funcionarios públicos son: Seth Díaz, director de Ecología en Ixtlahuacán y presidente de Carbono Vivo, AC; Alina Hernández, regidora del PRI en Tlaquepaque y presidente de Fortasol, AC; y Raúl Sánchez, subprocurador de Investigaciones de Apoyo a Delitos Federales de la Fiscalía Estatal y tesorero de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar, AC.

Otro punto a saber: los hechos, ¿son de carácter penal o administrativo? En los próximos días se conocerán muchas cosas al respecto.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I