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(Foto: Cuartoscuro)
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Las empresas del país deberán monitorear a sus proveedores para verificar que no están en el listado de los más de 10 mil contribuyentes catalogados como presuntos vendedores de facturas con operaciones simuladas y evitar caer en una falta que los lleve cometer un delito penal, informó Javier Zepeda, director de Bios Instala y especialista en temas fiscales.
“Hay que estar monitoreando que cada uno de nuestros proveedores no esté en el listado del 69-B que es el listado que tiene más de 10 mil contribuyentes catalogados como presuntos vendedores de facturas con operaciones simuladas. Si alguno de nuestros proveedores se encuentra en este listado, se deben detener operaciones en lo que se aclara la situación”.
Agregó que el SAT, tiene tres catálogos de la lista negra: los definitivos que son contribuyentes que no demostraron que no vendían facturas falsas, también están los presuntos, que están en un proceso de comprobación; y los desvirtuados, que son aquellos que el SAT presumió que vendía facturas, pero comprobaron que no era así, sin embargo, no los quitan de la lista negra, lo que genera desconfianza entre sus clientes y proveedores.
Mencionó que los empresarios deben tener una auditoría interna para no caer en el estatus de un EDOS (personas o empresas que simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos) sin intención.
El director de Bios Instala, empresa dedicada a la consultoría en software, explicó que la autoridad fiscal y el gobierno van por los contribuyentes que se dedican a la práctica desleal, pero de las grandes empresas.
“Por eso el importe de los 7.8 millones de pesos es considerable, son solamente el fraude al fisco, son de impuestos y para que esta operación se haya logrado el contribuyente tuvo que haber comprado facturas por 30 millones de pesos y eso deja fuera a cualquier micro o pequeño contribuyente, porque ellos difícilmente tienen alcance de compras, gastos o deducibles por 30 millones de pesos al año, sin considerar que esta cantidad para que llegue a los 7.8 millones de defraudación fiscal solamente es por compra de facturas, ni siquiera consideramos los gastos reales que se puedan ir sumando. Esto también es importante para darle confianza a los micro y pequeños y quizá algunos medianos empresarios, porque definitivamente, aunque la ley no lo marca así, difícilmente van a poder meterlos a todos en la misma bolsa”.
jl
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