Magistrados: piedrita del Ejecutivo

Aunque diputados como Enrique Velázquez y Héctor Pizano, presidente y vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, respectivamente, advirtieron dentro y fuera del Legislativo y de Casa Jalisco, en reuniones formales e informales, en corto y en público, que la reforma al Poder Judicial tal como se aprobó provocaría un alud de amparos en su contra –luego de que 18 magistrados recularon y tumbaron el acuerdo de promover la controversia constitucional–, parece que nadie los quiso escuchar y ahora que los hechos les dan la razón los promotores e impulsores de dichas reformas andan que no los calienta ni el sol, lanzan rayos y centellas, y amenazan con ir en contra de aquellos que osaron recurrir a la justicia para defenderse de lo que consideran una violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Primero fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien explotó al saber que el juez Roberto Martínez Martínez obtuvo una suspensión provisional para no ser sujeto a que le apliquen dichas reformas, al grado de que calificó de “inmoral” a quien se amparara, de “no merecer ni siquiera ser juzgadores” y luego arremeter en contra del hermano del juez, el ex senador José María Martínez, a quien culpó de ser “uno de los causantes más importantes de la crisis del Poder Judicial”; de ser “uno de los traficantes de plazas más indignos que ha tenido Jalisco”, y de ser “uno de los personajes que más ha lastimado la autonomía del Poder Judicial”.

Le siguió el diputado de Movimiento Ciudadano Javier Romo Mendoza, quien convocó a la ciudadanía al linchamiento del juez Martínez Martínez para que presentaran solicitudes de juicio político en su contra y ofertándose como uno de los principales verdugos para que dichas peticiones precedieran, sólo porque su objetivo era linchar a quien osó recurrir a un derecho que tiene por ley. Valga decir que el show mediático ha sido el recurso del diputado Romo para hacerse notar y que sepan que es parte del Congreso.

Ahora fue el magistrado Celso Rodríguez González quien obtuvo la protección en contra de las reformas al Poder Judicial, a través de una suspensión que le otorgó el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, quien incluso ordenó que no se designe al titular del Centro de Control y Confianza, lo que consideran es una extralimitación y por ello el Congreso presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y piensa solicitar a la Fiscalía Estatal una investigación por una posible colusión entre el juez y el magistrado.

Independientemente de lo que suceda en el caso particular del magistrado Celso Rodríguez, el Congreso del Estado, y de paso el Ejecutivo, tendrán que tomar aire porque otros ocho magistrados ya recurrieron a solicitar el amparo en contra de las mencionadas reformas al Poder Judicial y confían en que en primera instancia obtendrán la suspensión temporal, lo que amarra de manos a los diputados para continuar con el proceso en este tema.

A lo anterior hay que sumar los amparos que pudieran obtener los jueces que recurrieron al mismo instrumento, no obstante que en los corrillos judiciales trasciende que desde la Consejería Jurídica del gobierno del estado se presiona a los juzgadores para que declinen buscar el cobijo de la justicia en contra de la reforma ya promulgada, pues de lograrlo representaría un severo revés para el gobernador Alfaro Ramírez.

Sin embargo, trascendió que para el Ejecutivo ganar esta batalla es de vital prioridad, por lo que contrató los servicios de asesoría del ex ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que los magistrados que se opusieron no sólo a la reforma, sino a dar marcha atrás al acuerdo de recurrir a la controversia no se salgan con la suya.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I