Quinto Patio

Entre lo ético, lo legal y lo posible, los miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mantienen relaciones laborales con parientes en la propia institución y relaciones políticas con funcionarios y legisladores. Ante los micrófonos, claro, defienden su independencia. Pero las alianzas y los compromisos ahí están y algunos de los magistrados los tienen sellados en la frente. En teoría, pero muuuuuy en teoría, la interacción entre los diputados, los políticos y los juristas del tribunal tendría que ser estrictamente institucional. Peeeeroo la verdad es que tienen reuniones privadas, por no decir secretas, en lo oscurito, y quién sabe qué hablarán. No se sabe, pues, pero se intuye. Nos lo imaginamos. Algunos dicen que ayudaría mucho al Poder Judicial implantar un verdadero servicio profesional de carrera con procesos de oposición para los nombramientos. Mientras, tenemos la negociación de colores partidistas.

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La guerra contra los narcotraficantes en las dos últimas administraciones federales resultó en fracasos. Para usar la sobada palabra, fueron un rotundo fracaso. De casi nada sirvió exhibir ante medios informativos y, por tanto, ante la población, a 233 personas señaladas como “los más buscados del país” al asociarlos a cárteles del narcotráfico, pues sólo lograron 13 sentencias irrevocables. O sea, la justicia alcanzó únicamente a 6 por ciento de los “objetivos prioritarios”. Y a éstos se les aplicó una microjusticia, pues 10 fueron sentenciados por delitos menores, como portación de armas, y se les dejó bara la sentencia, de uno a cinco años, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción.

Si revisamos las faramallas que organizó la Procuraduría General de la República (PGR), podríamos afirmar que todo acabó en montajes: detuvieron, exhibieron a supuestos responsables, los juzgó el Poder Judicial y luego quedaron libres. Miles de millones de pesos invertidos, cientos de policías y militares muertos derivaron en derrotas ante la burocracia de la justicia. Los grupos delictivos continuaron sus actividades, se fortalecieron, se sumergieron más en el llamado tejido social. El ejemplo es lo sucedido en Culiacán. El poder de los narcotraficantes no sólo está en su armamento y su amplia red social de apoyo; también lo hallamos en los procesos que se abren para dizque juzgarlos.

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Los policías de Jalisco, aparte de que son repoquitos, están entre los que tienen menos capacitaciones y menos intervenciones en el país. Bueno, al menos los estatales, según los datos que publicó el viernes Inegi, entre los censos de instituciones públicas. Y no es que no trabajen. Hay que matizar que hay estados donde la Policía estatal se hace cargo de todo sin policías municipales o que las Policías municipales son muy débiles.

Pero de todas maneras es muy poquito lo que hacen. ¿Cómo está eso de que los estatales de Jalisco tienen 100 veces menos intervenciones que Guanajuato? Lo otro es lo de las capacitaciones. Para hacer su trabajo necesitan actualizarse constantemente, de lo contrario, les pueden dejar libre a un detenido por cualquier cosa, como no llenar bien papelitos.

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Nada frena la violencia ni el delito. Hay otra democracia, la maligna, y la ejerce la delincuencia: toca a justos y pecadores. Pues la violencia también la padecen miembros de la Iglesia católica. Los asaltantes no se detienen ante los religiosos, como le ocurrió al sacerdote de la Casa del Migrante del cerro del Cuatro, hasta donde llegó un grupo armado que le robó dinero destinado a ampliar los servicios a los migrantes. Si el infierno existe, tienen su entrada asegurada muuuuchos, dicen vecinas que no faltan a misa dominical.

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JJ/I