Elude la autoridad proteger a mujeres |
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2019-11-08 00:52:12 |
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La falta de protocolos, la diversidad en la actuación de las Policías municipales y la ausencia de políticas de atención integral ante feminicidios y violencia de género, son parte de los hallazgos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en una revisión a la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG). Uno de los primeros obstáculos que encontró el organismo defensor de los derechos humanos es la falta de transparencia, por lo que además de solicitar información tuvo que hacer visitas a las diferentes áreas encargadas de la atención a la violencia de género. Las deficiencias en los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia son prácticamente las mismas que se han encontrado en otras revisiones e incluso en una investigación hecha por El Diario NTR Guadalajara, basada en solicitudes de información a los 125 Municipios, de las cuales se desprende la falta de efectividad de las órdenes de protección. Como consecuencia de esta revisión, la CEDHJ planteó como una prioridad que los ministerios públicos adscritos al Centro de Justicia para las Mujeres de la ciudad, ante denuncias por violencia, emitan “órdenes de protección emergentes o preventivas y no medidas de protección”. Esto con la intención de que todos los casos sean clasificados según el nivel de riesgo. EL PROCESOEn la revisión sobre la actuación de las diferentes instancias que atienden los casos de violencia contra las mujeres, se analizaron las acciones “que en los ejes de prevención, detección, atención, sanción y erradicación” realizan los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, así como las diferentes áreas responsables del gobierno del estado. La información para el informe se obtuvo de la aplicación de cuestionarios, visitas in situ, reuniones con actores estratégicos, entrevistas semiestructuradas con funcionarios públicos, investigación documental, análisis estadísticos de bases de datos oficiales y análisis a partir de solicitudes de información vía transparencia. Además, se obtuvo información con talleres a personal adscrito a las comisarías municipales. Las órdenes de protección
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONESEn el informe se destaca la falta de un modelo único de atención a las mujeres víctimas de violencia, por lo que se recomienda a los ayuntamientos que éste sea elaborado “con un enfoque de derechos humanos, de género e intercultural”. También se pide a los Municipios que capaciten y certifiquen al personal de las diferentes áreas que atienden a las mujeres víctimas de violencia y que se revisen los reglamentos internos de las comisarías municipales para definir los mecanismos de control y seguimiento de las órdenes de protección, así como la creación de unidades especializadas. En la revisión se encontró que los feminicidios son considerados “un problema privado”, por lo que no existen políticas eficientes de prevención; esto, ligado a la nula investigación a los casos de violencia de género. También se halló que no hay criterios únicos sobre cómo se atienden las órdenes de protección, pues mientras en Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se da preferencia a los casos de violencia, en Tlaquepaque y El Salto es “como las van recibiendo”. Guadalajara no contestó. Además, los policías no están capacitados sobre la responsabilidad que tienen como primeros respondientes. Un tema que se marcó como alerta es que en ninguno de los seis Municipios se identifican acciones de atención a víctimas indirectas de la violencia feminicida, es decir, en particular a los huérfanos, y menos “las particularidades de cada una de ellas por razón de sexo, condición de edad, salud” o discapacidad. Tampoco hay apoyo para las y los cuidadores de huérfanos por feminicidio, “que son principalmente personas adultas mayores, con el parentesco de abuelas y abuelos”. Además, “de los seis Municipios estudiados ninguno cuenta con una partida de reparación integral y por lo tanto es un rubro que sigue asumiendo el gobierno del estado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”. Las autoridades señaladas en el informe de la CEDHJ dispondrán de un plazo de 10 días para atender las recomendaciones. Las recomendacionesA los ayuntamientos
A las comisarías
A las autoridades estatales
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