Bolivia: entre el diálogo y la guerra civil 

2019-11-13 22:30:58

El 10 de noviembre, horas después de que Evo Morales, presidente de Bolivia, anunciara que, en atención a la auditoría realizada por la OEA sobre los resultados de las elecciones del 20 de octubre, procedería a la renovación del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con los procedimientos que estableciera la Asamblea Legislativa Plurinacional; convocaría a nuevas elecciones nacionales “que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos”. 

Además exhortaba a “bajar la tensión” y convocaba a todos los actores a buscar la pacificación del país. Con esta declaración, el presidente en funciones sentaba las bases para buscar una solución, dentro del marco institucional, al conflicto postelectoral derivado de un procedimiento irregular y errático del sistema TREP, en la difusión de los resultados de la votación, que habían provocado una fuerte movilización por parte de los opositores que habían culminado con una espiral de violencia, marcada por la confrontación entre los sectores rivales y la intervención represiva de las fuerzas policíacas. 

Poco después, el comandante en jefe del Ejército, Williams Kaliman, convocaba una rueda de prensa en la que hacía público el posicionamiento de las Fuerzas Armadas, que en su parte medular señalaba: “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Minutos después, en un mensaje emitido en cadena nacional, Evo Morales anunciaba su renuncia a la Presidencia, en la que denunciaba la existencia de un “golpe cívico, político y policial”, y la presentaba porque era su “obligación como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación”. Por enésima ocasión en Latinoamérica, la intervención militar quebrantaba el orden constitucional establecido. 

Lo que ha seguido a este golpe de Estado –no se puede calificar de otra manera, a la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que un presidente legítimamente elegido presente su renuncia– ha sido que Bolivia se encuentre sometida a una profunda crisis de consecuencias impredecibles. La renuncia masiva del vicepresidente Linera y los miembros del gobierno, han generado un grave “vacío” en las instituciones políticas. En este contexto y al margen del marco constitucional, el pasado martes, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó como presidente interina, imposibilitando con esta acción la viabilidad para una salida institucional. 

De hecho el día de ayer, esta posibilidad ha quedado cancelada cuando fuerzas policíacas han impedido el desarrollo de la sesión de la Asamblea Legislativa y el ingreso de la senadora Adriana Salvatierra, presidente del Senado, que constitucionalmente debió asumir la Presidencia tras la renuncia del presidente y el vicepresidente. Mientras esto sucedía, la autoproclamada designaba un nuevo alto mando militar. 

Al momento de escribir estas líneas no se sabe si estos afanes por reintroducir la institucionalidad hayan dado resultado positivo o, para desgracia del pueblo boliviano y la democracia, el golpe de Estado sea consumado. Si pasa lo primero, aunque se antoja un proceso difícil y complicado, sería posible esperar que en un mediano plazo se pueda retornar a la normalidad institucional. Pero si los golpistas salen avante en sus propósitos de desmantelar el gobierno democrático y el estado plurinacional, Bolivia padecerá días aciagos, marcados por una intensa y creciente polarización que podría desembocar en una cruenta guerra civil. 

A nadie conviene un escenario de este tipo. Desde México Evo ha llamado al diálogo para solucionar el conflicto. Los organismos internacionales como la ONU y particularmente la OEA deben realizar las acciones necesarias para evitar su escalamiento. Deben hacerlo, no obstante el reconocimiento apresurado de varios gobiernos a la usurpación de Áñez. No hay que olvidar que los golpes militares siempre han tenido consecuencias funestas para los pueblos latinoamericanos.  

@fracegon

jl/i

 
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