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Pese a que las relaciones entre México y Estados Unidos siempre mantienen una buena dosis de tensión, para sacar provecho entre las partes, la desventaja generalmente se cantea hacia México, debido a la fuerte dependencia en el intercambio comercial que alcanza 80 por ciento con el país vecino. 

En la coyuntura actual, los equipos negociadores pretenden fortalecer un grupo bilateral de alto nivel para trabajar los temas de cooperación en torno a la seguridad, el combate al crimen organizado y el bloqueo al dinero proveniente de fuentes ilícitas. La delegación norteamericana es encabezada por William Barr, procurador general de Estados Unidos, y el embajador Christian Landau. Por parte de México, los líderes son el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Además, participan el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el titular de Marina, almirante J. Rafael Ojeda. 

El objetivo del reciente encuentro era lograr acuerdos básicos y establecer las prioridades que se requieren, como piso de la relación entre los dos países. México propuso estrechar la cooperación entre ambas naciones para enfrentar a la delincuencia organizada trasnacional, lo que debería incluir un papel más decidido de los Estados Unidos con respecto al tráfico de armas, de fabricación estadounidense, que se hace evidente en muchos de los delitos cometidos en nuestro país. 

Tan sólo en 2019 la Sedena decomisó 19 mil 919 armas. Se advirtió que el tráfico de estupefacientes y drogas, que va de sur a norte, se mantendrá mientras el consumo norteamericano no desaliente a los vendedores. Frente a la migración centroamericana, de no ser una política restrictiva –y en el mejor de los casos de contención–, México y Estados Unidos no han avanzado en una estrategia de fondo que promueva la inversión y mejores empleos en las zonas expulsoras. En este rubro, hasta ahora no hay proyecto en firme, sino buenas intenciones. 

La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador pone énfasis en que no permitirá que haya operativos con injerencia de agentes norteamericanos, como el rápido y furioso, y establece claramente que debe haber cooperación entre las dos partes, como la que han trabajado en el grupo de alto nivel. 

En la reunión bilateral, los representantes escucharon sus posiciones y lo que demandan unos a otros; lo que sigue es aterrizar una estrategia de desarrollo para las regiones sur-sureste de México y para el llamado triángulo del norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde deben promoverse inversiones productivas y en infraestructura, que generen empleos y fortalezcan la capacidad productiva de esas regiones. Se esperaría que esas inversiones contribuyan a retener la mano de obra que hasta ahora veía como única alternativa migrar a los Estados Unidos. 

En la charola de los pendientes están: definir políticas laborales compatibles, pensando en que además del libre flujo de mercancías entre los países socios del TMEC, será necesario establecer condiciones laborales compatibles y sobre todo que las desigualdades en los salarios se aminoren, entre los tres países implicados. Hoy, las peores condiciones son las de los trabajadores mexicanos, cuyo salario mínimo diario es de 102.08 pesos; mientras que en Estados Unidos es de mil 150.60, prácticamente 10 veces mayor, y en Canadá alcanza los mil 338.27. 

Si se impulsan mejores condiciones para las inversiones, la infraestructura, el empleo y los salarios hacia nuestro país, sin duda los más beneficiados podrían ser los trabajadores mexicanos. 

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