La disputa por la salud�

El tamaño de la conducta corrupta en el sistema de salud en nuestro país es tan profundo, que repercute en la industria farmacéutica, ya que tres empresas concentran 70 por ciento del mercado, y crean desafíos para el acceso a los medicamentos esenciales para todos; inciden en la problemática de la bioética y la protección del derecho a la vida de todas las personas; y en especial, en la capacidad de gestión de los hospitales para conciliar la eficiencia y la cercanía con los más necesitados y los más pobres. 

Hoy en México, la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene como propósito garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud. Esto ha generado una reflexión muy amplia en todos los sectores de la población. 

La desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Insabi se dieron en medio de desinformación y de versiones encontradas entre funcionarios del sector sobre todo por el concepto de la gratuidad de los servicios. 

Las resistencias e inercias a este cambio son enormes y vienen de varios sectores: de los distribuidores de medicamentos, de políticos, gobernadores, corporaciones sindicales estatales en el ámbito sanitario. Se infiere sin duda que el tamaño de la reacción es directamente proporcional a los intereses que afecta. 

Un tercio de los gobernadores pone en duda al Insabi, bajo el argumento de que las reglas de operación no son claras y de que se pone en riesgo el control en los servicios sanitarios que sus estados han construido. 

Respecto a la gratuidad universal de los servicios, falta informar con claridad las excepciones, por ejemplo, cuando el paciente acude a hospitales de segundo o tercer nivel, donde se le informa que deberá cubrir una cuota de recuperación que se determina tras hacerle un estudio socioeconómico de acuerdo con sus ingresos. En otras palabras, no es libre de pago. 

Uno de los desafíos es que la gratuidad médica total no existe en ningún país, por lo que la promesa gubernamental la consideran sus detractores sin sustento posible. 

No informar que lo gratuito es sólo la atención de primer nivel y que los medicamentos de acceso libre son sólo algunos de un catálogo básico es una omisión que requiere intervención inmediata de la Secretaría de Salud. La transición no es tersa, y es otro elemento más de polarización. 

En asuntos de servicios de salud, la confrontación política debe evitarse. Se necesita trabajar en conjunto para transformar el sistema de salud, para alcanzar los niveles de calidad que se desea, si se suman voluntades, para no afectar a quienes menos recursos tienen. 

Sin duda, la reflexión que surge es que la transición debió hacerse de una manera cuidadosa y planeada, con todas las reglas de operación en forma, claridad en el esquema de financiamiento y con una campaña previa de comunicación. 

Una atención médica universal y gratuita requiere de una cuidadosa planeación, estudios detallados. Una economía solidaria, con rostro humano, debe dar fin al cobro de cuotas de recuperación en los institutos de salud. Propuesta que respaldan organismos caritativos y de organizaciones humanitarias dedicadas a la asistencia médica. 

Ante esta realidad, por las desigualdades relacionadas con la salud, se debe promover la construcción de un sistema al servicio de la persona e insistir en activar la asistencia personalizada no sólo para el paciente, sino también para su familia. 

En el mundo de la salud, los ciudadanos debemos promover, cuidar, defender y celebrar la vida, procurando la salud del hombre en todas sus dimensiones. 

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