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La actual Legislatura ha postergado una de sus principales obligaciones: fiscalizar al fiscalizador. Para los diputados no hay prisa para contar con el mecanismo idóneo para poder vigilarlo y constatar que todo funcione adecuadamente, y al único que le toca hacerlo es a la Unidad de Vigilancia, órgano interno de control para la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Y no funciona. 

En estos momentos no hay nada ni nadie que esté al tanto de lo que hace o deja de hacer este órgano de fiscalización y tampoco hay preocupación porque se integre la unidad para vigilarlo. O los diputados locales no entienden lo que se tiene que hacer con esta unidad y por eso su despreocupación o no quieren que haya un organismo vigilando los pasos de la auditoría y, obviamente, de ellos mismos. 

Desde noviembre no hay cabeza en esta Unidad de Vigilancia; su anterior titular, Javier Jiménez Aguirre, renunció por mutuo acuerdo ante las diferencias que tuvo con la diputada titular de la Comisión de Vigilancia, Mirza Flores. La mejor salida fue cortar por lo sano, indemnizarlo y buscarse otro. 

Aquí comenzó el dilema, porque ese otro no ha llegado. Hubo convocatoria y se va a declarar desierta porque los únicos tres inscritos no cubrieron todos los requisitos. Y esto no se debió a la carencia de perfiles adecuados, sino que los buenos no quieren meterse a estas broncas políticas donde su nombre quede de por medio. 

Tiene que salir otra convocatoria buscando encontrar a esa persona idónea que sea el que meta en cintura o el que revise el actuar de los auditores sin que tenga sesgo político, lo cual es poco probable encontrar porque alguien con este perfil difícilmente confiaría en los legisladores y sus partidos políticos, que al final todo lo manipulan para beneficio propio. 

Otro problema es el personal para esta Unidad de Vigilancia. En estos momentos no hay, porque los coordinadores parlamentarios sólo aceptan otorgar estos perfiles siempre y cuando les pongan nombre y apellido, lo que no es conveniente para la labor que harán. Además, la titular de esta Comisión de Vigilancia no ha cedido, porque necesitan que estén libres y no respondan a intereses políticos, sólo los suyos. 

Una vez le autorizaron ocho personas cuando ella pedía más, pero una parte se repartió entre fracciones parlamentarias, es decir, le pusieron nombre y apellido, y eso generó desconfianza y como no las aceptó se quedó sin ellas. 

Para que esta unidad pueda operar de manera adecuada requiere de una cabeza y de personal especializado, que sea el que vigile el actuar de los auditores ante las quejas de los auditados de cuentas públicas con errores en sus observaciones. 

Se ve complicado que los coordinadores parlamentarios acepten otorgar perfiles adecuados a esta Unidad de Vigilancia sin garantizar el control del mismo, y si esto no ocurre estarían dejando de lado lo que señala el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, donde el Congreso local tiene la atribución de vigilar y evaluar el desempeño de la ASEJ, y podría requerirle un informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización, y eso no se está haciendo. 

Tampoco se está cumpliendo con lo que dice la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de que la Unidad de Vigilancia es el órgano técnico profesional e interdisciplinario, que auxilia a la Comisión de Vigilancia en su tarea de fiscalización y revisión de informes de cuenta pública de los sujetos fiscalizables y auditables, y también se constituye como el órgano interno de control de la ASEJ. 

Todo esto podrían desconocerlo los legisladores y quizás por eso no entienden la importancia de tener una Unidad de Vigilancia incuestionable e intachable. Sólo así habría alguien adecuado para fiscalizar al fiscalizador. ¿Ya serán los tiempos de ver señalamientos a los auditores y al propio titular de la ASEJ? 

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