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El gobierno federal no tiene prisa para retomar el proyecto de la Presa El Zapotillo. Al responder una solicitud de información, la Coordinación de Asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la mesa de trabajo que se llevará a cabo, todavía sin fecha programada, será solo para recabar información y “no tendría carácter resolutivo”. 

Esa reunión fue acordada con el presidente desde agosto del año pasado y se pidió que participaran representantes de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, así como de los tres poblados que serían inundados con el llenado de la presa y de los productores de la zona de los Altos de Jalisco. 

María González Valencia, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), aclaró que para las comunidades es muy importante conocer el proceso que se seguirá para decidir si acudirán a las reuniones. 

Por su parte, el abogado Alejandro López Aguayo, quien ha llevado la representación de los productores de los Altos, solicitó información al gobierno federal sobre las consecuencias que tendría esa reunión con todas las partes. Aunque no se trata de datos que se encuentren en un documento formal, la respuesta que se le dio fue sobre la obligación que tienen las autoridades de documentar las actividades relacionadas con sus atribuciones. 

LA RESPUESTA 

La Coordinación de Asesores de la Presidencia, cuyo titular es Lázaro Cárdenas Batel, respondió la solicitud de información 0210000330519. En el documento, se señala que el funcionario federal “sostuvo una reunión con integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como dos de sus asesoras”. 

En ese encuentro, agrega, los habitantes de las tres comunidades “manifestaron su plena disposición al diálogo en relación con el proyecto El Zapotillo”, aunque para ello pidieron que se cumplieran “ciertas condiciones y una determinada metodología”. 

También manifiesta que Cárdenas Batel respondió que los planteamientos de esa reunión se darían a conocer a las demás partes involucradas, en particular a los gobiernos federal, de Jalisco y Guanajuato. 

En el texto de la respuesta se recuerda que el presidente López Obrador instruyó en este asunto a que se realizara un “diálogo respetuoso, en el que todos los involucrados expresen sus puntos de vista y que todos se escuchen”. 

Luego, aclara que “ese diálogo no tendría carácter de resolutivo, es decir, sólo se hará constar por escrito en un documento la postura de cada una de las partes involucradas sin que ello implique una solución final del asunto”. 

López Aguayo señaló que de esa respuesta se puede entender que la intención del gobierno federal no es seguir “administrando el conflicto”, sino encontrar soluciones de fondo. 

EL CONTEXTO  

El 12 de agosto del año pasado, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, visitaron al presidente de la República para confirmarle que habían llegado a un acuerdo para retomar el proyecto de la Presa El Zapotillo.  

Ese día el mandatario también recibió a los representantes de los habitantes de las comunidades a inundar y de los productores de los Altos y les pidió la instalación de una mesa de trabajo para alcanzar acuerdos entre todas las partes. 

Desde entonces no hay fecha para realizar esa mesa, por lo que María González Valencia expuso que los pobladores afectados por el megaproyecto quieren tener la certeza sobre los protocolos que se seguirán. Consideró que hasta ahora el gobierno federal ha atendido las peticiones de información, sin presionar a las partes. 

Visitan la cortina de la presa 

El viernes, habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo obtuvieron permiso para ingresar al punto donde se construyó la cortina de la presa, al cual se les había negado el acceso de manera reiterada. La última vez que pudieron entrar fue en 2016.  

María González Valencia, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), explicó que uno de los objetivos fue corroborar para qué son los recursos que se asignaron en los presupuestos federales de 2019 y 2020, por 280 y 247 millones de pesos, respectivamente, a la presa. Tras la visita, se confirmó que el dinero se ha usado sólo para obras de seguridad y mantenimiento, es decir, para lo que estaba etiquetado.   

La activista contó que la presa está deteriorada y que se halló un derrumbe en una ladera, lo que confirma que fue construida bajo paredes muy frágiles y porosas. Además, señaló que para las comunidades fue “muy doloroso” verificar el deterioro ambiental que provocó la obra en el territorio, en el río Verde y en su cuenca. 

Finalmente, la activista relató que cuestionaron a las autoridades federales que los acompañaron sobre las razones por las que las obras de mantenimiento se asignaron sin licitación a la misma empresa que construyó la presa. Sonia Serrano Íñiguez 

FRASE: 

“(La mesa de trabajo a realizar) no tendría carácter de resolutivo, es decir, sólo se hará constar por escrito en un documento la postura de cada una de las partes involucradas sin que ello implique una solución final del asunto”: Extracto de la respuesta a la solicitud de información 0210000330519 

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