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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en el ejercicio de los recursos federales que recibió Jalisco en 2018 por más de 5 mil 545 millones de pesos. Como resultado, se emitieron 42 observaciones, de las cuales 40 deberán ser resueltas por el gobierno del estado, una por el Ayuntamiento de Ameca y otro por el de Chapala. 

El ejercicio 2018 fue el último del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, así como el del primer mes del actual titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez. 

De las observaciones, en 17 se emitieron pliegos de observaciones, en 14 se promovieron responsabilidades administrativas sancionatorias, en siete se hicieron recomendaciones, en tres se pidieron aclaraciones y en una más se promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte de la Auditoría Superior.  

Los señalamientos más importantes corresponden al fondo de participaciones federales entregadas a Jalisco.  

Según la tercera entrega de la ASF de la auditoría 2018, Jalisco tiene 5 mil 135.2 millones de pesos pendientes por aclarar. De estos, 5 mil 112.8 millones de pesos son por la falta de “presentación de la información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de recursos” de este fondo, y otros 22.4 millones de pesos de “bienes que se encontraron almacenados sin haberse puesto en marcha en la Secretaría de Movilidad”.     

 Entre los señalamientos más importantes de la ASF está el que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone). El órgano fiscalizador revisó más de 16 mil 938 millones de pesos, de los que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no pudo aclarar 320.3 millones de pesos. 

Las observaciones de mayor monto corresponden al pago de 211.4 millones de pesos a personal no localizado en centros de trabajo, así como 88.7 millones de pesos por “mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura por Jalisco IBM, hardware y software, arrendamiento de equipo de cómputo y fotocopiado, asesoría para la implementación del sistema de calidad, implementación de aulas interactivas, mantenimiento a infraestructura de correo electrónico y arrendamiento de inmueble para bodega, los cuales no fueron vinculados de manera directa con el apoyo a la educación básica, la formación de docentes y la entrega de los bienes o servicios”. 

También detectaron el pago de salarios a 55 trabajadores, de los cuales no se pudo acreditar la función que realizaban dentro el sistema de educación básica y normal por un monto de 9.7 millones de pesos. Además, se señalaron otros 2.4 millones de pesos a trabajadores que se encontraban en licencia sin goce de sueldo.  

 En la SEJ también se pagaron 4.7 millones de pesos a 434 trabajadores después que ya habían sido dados de baja. Otros 2.6 millones de pesos fueron pagados a empleados que no estaban cubriendo su plaza en el sistema federal por encontrarse en el desempeño de algún cargo de elección popular. 

En educación también se hicieron señalamientos por el programa de escuelas de tiempo completo con un posible daño a la hacienda pública por 931 mil pesos, monto que pudo ser superior, pues se regresaron a la Federación 29.2 millones de pesos. 

También se hicieron señalamientos por 88.4 millones de pesos al programa Proyectos de Desarrollo Regional, los cuales están pendientes por aclarar; en este caso los responsables son el gobierno del estado y los municipios de Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Unión de San Antonio y Valle de Juárez 

La ASF revisó también el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, donde hizo señalamientos por casi 39 mil pesos por tres laptop que no fueron encontradas.       

Otras observaciones que no derivaron en propuesta de cargos, pero sí en señalamientos por manejos inadecuados o falta de transparencia tienen que ver con el Fondo de Aportaciones Múltiples y recursos entregados a Tlaquepaque del Patronato Nacional de la Cerámica. 

Línea 3 suma 558.7 mdp en anomalías 

Las observaciones por irregularidades en la construcción de la Línea 3 (L3) de Tren Ligero ya superan los 558.7 millones de pesos, según los señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2014 a 2018. En ese periodo, el órgano fiscalizador ha emitido 100 observaciones, de las cuales únicamente 29 han sido solventadas. 

Las anomalías detectadas van desde las irregularidades en las licitaciones que se encontraron al revisar el ejercicio de 2014, que permitieron que las obras fueran asignadas a las empresas favoritas en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, hasta los pagos indebidos que se hallaron en los ejercicios posteriores.  

El viernes pasado, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el tercer y último informe de 2018, en el que incluyó señalamientos a las obras de la Línea 3 por 198.8 millones de pesos. En las dos entregas previas se habían hecho también observaciones: por 18 millones de pesos en la primera y 16.4 millones en la segunda. 

De esta manera, 2018 se convirtió en el año en que más irregularidades se han encontrado en esta obra, al superar los 233.3 millones de pesos. Este monto representa 41.7 por ciento de las anomalías encontradas hasta el momento por la ASF. 

De las irregularidades señaladas por el órgano fiscalizador federal, la mayor parte de los recursos corresponde a montos por aclarar por un total de 374.2 millones de pesos, mientras que los recursos restantes son por 173.3 millones de pesos por recuperar; otros 11.17 millones de pesos ya fueron recuperados por la Federación. 

En lo que se refiere a las observaciones que no han sido solventadas, en 44 ya se emitieron los pliegos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haga las precisiones correspondientes, mientras que en otras 14 se promovieron responsabilidades administrativas sancionatorias, en 11 más se hicieron solicitudes de aclaraciones y en cuatro más se emitieron recomendaciones. 

En el último informe de auditoría la mayoría de los señalamientos es por pagos indebidos y obras no realizadas. 

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