La certidumbre institucional

En los últimos dos meses, que para efectos de una consideración general podríamos decir que este año, prácticamente el segundo de la 4T, se ha incrementado la sensación institucional de incertidumbre. Respecto de la falta de claridad en la programación de gobierno, se encuentran muchos elementos. Podríamos señalar como uno particular, la falta de integración de un esquema de gobernabilidad a partir de la estructura de un gabinete de gobierno que permita organizar y estructurar el funcionamiento de la administración pública. Precisamente para ello se han definido carteras organizacionales establecidas constitucionalmente en su calidad de secretarías de la administración pública federal.

La crisis de la emergencia sanitaria ha contrastado la falta de estructura de gobierno, y se ha visto de manera exponencial la dificultad para la articulación de un esquema de gobernabilidad. En efecto, la falta de organización y planeación se ha sustituido por un ejercicio de comunicación política, las sesiones matutinas de relación con la prensa por parte del presidente. Este interesante y novedoso ejercicio de comunicación tiene, desde la perspectiva de la generación de un capital simbólico, un poder importante. El problema consiste en que un ejercicio de esas características debería responder a la lógica de la articulación de una serie de estrategias de organización de un gabinete, articulando los ejes de funcionamiento de la administración pública y, en consecuencia, la difusión de tácticas de gobierno que adquieren sentido en su correlación con un funcionamiento práctico.

Durante el primer año de gobierno, la perspectiva de trabajo del modelo de comunicación tuvo como eje el reforzamiento de la imagen de un nuevo régimen y de una diferenciación sustancial con las administraciones que le precedieron. Es decir, el acento está puesto en el fortalecimiento de la dimensión ideológica de la nueva administración. Esta administración se apoyó en un partido de muy reciente creación, en el que la forma más clara de presentar esta nueva oferta se concentró en la imagen carismática del líder del partido que, devenido en presidente, dejó en orfandad el esquema de funcionamiento del mismo. Un elemento muy claro es que el partido, novel en la oferta partidista y triunfador en su primera elección, se convirtió en gobierno, sin transición por un paso de adaptación en la administración pública.

La falta de una plataforma de administración pública ha evidenciado las enormes carencias en el conocimiento de la estructura institucional y el funcionamiento de esa trama institucional, a partir del principio de legalidad, en el que se fundamenta el desarrollo de una administración pública. Es decir, los procedimientos jurídicamente sustentantes del avance de las novedades administrativas se han sustituido, simbólicamente, con la fuerza emocional de las conferencias matutinas, pero carecen de una sustentación formal.

Bajo esa perspectiva, el problema que se observa en este momento, señalado entre otros personajes por Porfirio Muñoz Ledo o por el propio gobernador de Baja California, Javier Bonilla, en hechos, circunstancias y tramas diferentes, pero coincidentes es que la sustitución del principio de legalidad desarma a la estructura institucional por no tener elementos claros y ciertos del fundamento de las acciones que están procesándose.

El reto que enfrentaremos en el futuro próximo requiere un acuerdo nacional y una intervención estructurada de muchos actores frente a los costos de una pandemia que, planetariamente, ha implicado la transformación organizacional, pero apoyándose en la fuerza institucional del Estado. Se requiere una dimensión de gobierno establecido en la gobernanza y no una zona de lucha electoral.

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