Pandemia y opacidad de la mano

La suspensión de la mayoría de actividades desde el gobierno por el confinamiento obligado ante la pandemia de coronavirus ha significado una oportunidad importante para la opacidad. Las decisiones, las compras y los procesos que para éstas se siguen continúan, sin que las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos, a pesar de las peticiones que ha habido de diferentes organizaciones expertas en transparencia para que al menos las compras relacionadas con el coronavirus se den a conocer.

Esta opacidad fue una característica de la compra de pruebas rápidas que nunca llegaron. El gobierno del estado optó por una adjudicación directa o, por lo menos, eso podemos suponer, porque nunca se emitió una convocatoria para una licitación. Mientras el gobierno federal insistía en que estas pruebas no servían, porque incluso se corría el riesgo de tener falsos negativos, el gobierno del estado se decidió por la adquisición, que luego se vio truncada por razones que aún desconocemos.

La primera versión del gobierno del estado fue que las pruebas habían sido retenidas en la aduana, en lo que parecía una estrategia del gobierno federal para evitar que Jalisco fuera en la búsqueda de personas infectadas por el virus, en lugar de esperar a que los ciudadanos con síntomas se comunicaran solicitando atención.

Luego, el gobernador declaró que la empresa que les había vendido las pruebas, la farmacéutica Hisa, no entregó el pedido e incluso no les contestaba las llamadas, para posteriormente volver al argumento de las pruebas retenidas en la aduana y la posibilidad de un bloqueo por razones partidistas.

Hasta la fecha desconocemos exactamente qué sucedió con esta compra, porque lo único que hay son las diferentes declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien ha asegurado que no se habían pagado. Pero eso tampoco podemos saberlo, porque la actual administración estatal no ha cumplido con la obligación de transparentar los cheques y pólizas que emite, a pesar de que es una obligación fundamental marcada por la ley.

La opacidad también es evidente en los gastos de comunicación social. Este diario documentó cómo en marzo, cuando ya las medidas en torno al coronavirus se habían generalizado en Jalisco, la Secretaría de Salud pagó 2.7 millones de pesos a las empresas EuZen, Indatcom y La Covacha.

La comunicación entre las autoridades y los ciudadanos en este momento es prioritaria. Sin embargo, la estrategia que sigue el gobierno del estado para llegar al mayor número de hogares no queda clara y las consecuencias de esos vacíos podrían ser sumamente graves.

Las empresas que han sido favorecidas por los gobiernos de Movimiento Ciudadano han marcado como única vía de comunicación las redes sociales. Es decir, sus limitaciones son extremas. Esto, sin contar que su efectividad para comunicar en la actual administración es muy cuestionable.

Es cierto que el gobernador puede decidir cómo quiere comunicarse con los ciudadanos. Sin embargo, en momentos como el que vivimos lo más importante es llegar a la mayor cantidad de personas posibles.

Según los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo siete de cada 10 hogares en el estado tienen acceso a Internet, sin contar que no todos los que pueden consultarlo lo hacen de manera permanente.

Por eso es cuestionable que la Secretaría de Salud utilice los recursos que, en este momento son tan escasos y necesarios en su principal responsabilidad, para respaldar a estas empresas que ya tienen asignados millonarios contratos a través del área de comunicación social.

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