La milicia persistente�

Los crecientes números de la incidencia delictiva en el país han dejado al descubierto algo ya sabido: la existencia de un poder paralelo en todos los órdenes de gobierno, operando sin reglas ni restricciones y con impunidad. La delincuencia organizada y la inseguridad pública han sido la piedra en el zapato de toda administración gubernamental desde hace mucho tiempo. De acuerdo con el semáforo delictivo del gobierno federal, 70 por ciento del territorio nacional está en poder del crimen organizado. 

Para resolver este trabuco, el 26 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional (GN), que será de “carácter civil” para realizar las funciones de seguridad pública. Mucho se discutió de que el mando debería recaer en un civil, dadas las desagradables experiencias con los militares en el pasado. Desoyendo voces de expertos propias y extrañas se nombró a un militar (“en proceso reglamentario de retiro”) como comandante de la GN. 

Como ya es característico del gobierno del presidente López Obrador (AMLO), quien en su campaña ya había anunciado mandar al diablo las instituciones, desapareció con un plumazo la Policía Federal, tirando la tina de agua sucia con todo y niño. Claro que en la institución se daban actos de corrupción, pero ha sido una constante en la 4T desmantelar programas, instituciones y proyecto por supuestos actos de corrupción, en lugar de corregir esas anomalías para hacerlas funcionales. 

También se ha hecho patente que resolver un problema social no se logra con sacar de la manga nuevas leyes o instituciones que en automático y de forma mágica solucionen una realidad lacerante que ningún gobierno federal ha logrado resolver en los pasado sexenios. Curiosamente, la premisa de AMLO durante los largo años que duró como suspirante a la Presidencia fue criticar a las Fuerzas Armadas y la militarización del país. En redes sociales circulan videos y fotos donde reprueba y condena la militarización del poder, al igual que otros morenistas. 

El blanco principal de sus ataques por la inseguridad del país –al punto que ha denigrado la figura presidencial que él mismo dice salvaguardar– ha sido el ex presidente Felipe Calderón, a quien llamó “comandante Borolas”, por su “irresponsable decisión” de llevar a los militares a confrontar el narcotráfico. Ahora, aprovechando la situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, promulga un decreto donde se ordena a “la Fuerza Armada permanente a participar… en las funciones de seguridad pública”. El famoso refrán “más pronto cae un hablador que un cojo” viene como anillo al dedo para describir la decisión de involucrar al Ejército y a la Armada en labores de combate a la inseguridad. 

Este decreto es una aceptación tácita de la incapacidad para controlar la violencia endémica en el país. Además, que la decisión de crear la Guardia Nacional fue un gran error, debido a su fracaso para enfrentar la inseguridad pública en el país; pero sobre todo que con esta acción (también en otras) se comprueba que la tarea de gobernar le está quedando grande a la 4T: no da pie con bola. 

Construir Santa Lucía y crear una empresa para operar el aeropuerto; integrar la Guardia Nacional; controlar las pipas de distribución de combustible; detener migrantes; entregar libros de texto gratuitos; remover el sargazo; construir un tramo del tren maya; reconvertir hospitales. La militarización del país no empezará con el más reciente decreto: los militares nunca se han ido, también son 4T. 

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