Brutalidad policiaca e incapacidad gubernamental

Nos indignaron las imágenes de la brutalidad policiaca en los Estados Unidos. Nos unimos en las protestas contra el racismo y la discriminación, que tuvieron un terrible final con la muerte de George Floyd. Es seguro que estos lamentables sucesos tendrán un costo político importante para Donald Trump y sus afanes por repetir en la Presidencia de su país. 

Pero para qué ir tan lejos, si en Jalisco podemos constatar que la brutalidad se hizo presente en Ixtlahuacán de los Membrillos. Aquí también la bota represora, la brutalidad para someter a Giovanni López, “por no usar cubrebocas”, habla el idioma universal de quienes imponen la fuerza sobre su capacidad para gobernar y generar consensos. ¿Cómo es posible que el abuso policiaco en un municipio haya tenido como consecuencia la muerte de una persona y además se haya querido ocultar por un mes o hasta que se hiciera público y viral? 

Hasta ahora, cuando el escándalo se propaga, se afirma que el alcalde Eduardo Cervantes se presentará ante la fiscalía a dar cuenta de lo ocurrido, Alfaro declara contundente: “Lo que pasó en Ixtlahuacán es una atrocidad y sobre los responsables caerá todo el peso de la ley y habrá consecuencias graves” (El Economista 05/06/20). Lo cierto es que dicho municipio ya tenía antecedentes del comportamiento arbitrario de tres policías, acusados de secuestro y asesinato, desde 2017. Ojalá Alfaro sea consecuente con sus declaraciones, pero es lamentable la incapacidad de autoridades municipales y estatales para anticiparse a los problemas o al menos para resolverlos en forma eficaz. 

Todavía hay más. Frente a la indignación y la rabia ante lo que sucedió con Giovanni, volvió a desplegarse la brutalidad policiaca y la incapacidad gubernamental. Aunque a más de alguno le incomode, sabemos que es legítimo ejercer el derecho de protestar, de movilizarse en contra del abuso de autoridad. Quienes organizan movilizaciones, pero también los gobiernos y sus policías, saben perfectamente que siempre hay infiltrados que cometen desmanes, rompen vidrios, hacen pintas en edificios históricos y su objetivo es reventar e invalidar las demandas, deslegitimar la protesta y provocar la represión generalizada por parte de las policías, Ejército o guardias. Eso es de manual y los gobiernos locales deben estar preparados para enfrentar los abusos y castigar a los responsables de los desmanes, no pueden golpear parejo, y si hace falta, habrá que denunciar la complicidad de otras autoridades, si es que se prueba y aclara. 

El caso es que, en su afán de quedar limpio y promover sus aspiraciones políticas, el gobernador quiere escupir muy fuerte para abajo, tratando de evadir la parte de responsabilidad que le salpica en el caso de Ixtlahuacán y lanza llamas hacia arriba, para culpar a las autoridades federales por los desmanes ocurridos en las manifestaciones del Centro de Guadalajara y la sede la policía. Al final, Jalisco es el territorio que Alfaro gobierna y debe asumir que alguna responsabilidad le toca, en tanto no tenga clara una política preventiva que se oriente menos a reprimir y a golpear a ciudadanos, que libremente expresan su indignación y su exigencia de que la policía les proteja y la autoridad gobierne con mejor criterio y eficacia. 

Si nos indigna el racismo de policías extranjeros, más debería indignarnos y mover a la acción ciudadana la incapacidad de los gobiernos y el abuso de poder en México, en Jalisco y en cada uno de nuestros municipios. ¡Cero tolerancia a la brutalidad policiaca y a la incapacidad gubernamental! 

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