Cuando falla la institucionalidad

Los días finales de la semana pasada siguen provocando una serie de reflexiones y de debates en relación con la explicación, racional y objetiva, de lo que pasó en Guadalajara que, como en pocas ocasiones, se vio en medio de una confrontación de 72 horas de duración y que, hasta el momento, no se refleja una explicación de los reales factores que la provocaron. 

Un elemento central son las protestas sociales que estuvieron en el centro de las acciones del jueves 4 de junio. En principio, se trató de una manifestación con un objetivo central, la protesta social contra la inacción administrativa de gobierno o de procuración de justicia, que hacía eco de una operación policial en Ixtlahuacán de los Membrillos, justo un mes antes. El caso de Giovanni López, sin elementos claros que reclamasen una intervención policiaca desproporcionada, recordaba, toda proporción guardada, la de George Floyd, en Minneapolis. En ambos casos se conjuntó una serie de circunstancias complejas. Por una parte, el exceso de la presencia de la policía frente a una acción que no ameritaba sino sanción administrativa y, de acuerdo con esos hechos, la inhabilitación de la persona de sus derechos, sin una causa justificada que, reducido a un sometimiento total, el ciudadano es agredido por el Estado. 

En este caso, al margen del organigrama judicial, el problema es que hay una intervención negativa del Estado contra un ciudadano, no solamente pasando por encima de sus derechos ciudadanos, sino privándole de la vida, lo que establece una relación desmedida del Estado respecto de un ciudadano al que tiene, constitucionalmente, la obligación de salvaguardar. 

Con esos elementos se comienza a desarrollar una trama compleja. Durante un mes no hubo reacción alguna de la estructura administrativa policial ni judicial. Producto de la manifestación del 4 junio se desarrollan algunas acciones, entre las cuales está la detención de los policías que intervinieron en el caso de Giovanni López en Ixtlahuacán. El nivel de intensidad de las protestas tomó diferentes giros difíciles de explicar sin la información adecuada de cada uno de los acontecimientos en los que se convirtió la manifestación. 

El viernes 5 de junio, frente a otra manifestación, acciones policiacas o ministeriales, en principio fuera de control, causan la desaparición de varios manifestantes sin una causa, sin justificación y sin explicación de ninguna naturaleza. El Estado, violentando la ley. 

Las explicaciones posteriores son producto de un ánimo social encendido y de una serie de interpretaciones de niveles muy diversos que involucran acciones y actores que no terminan de definir el sentido general de conjunto. 

El problema aquí, fundamentalmente, es que no ha habido un orden que remita a las estructuras institucionales con las que cuenta el Estado para el abordaje de los complejos problemas que se están experimentando en Guadalajara. Hay una línea de mando en las instituciones, y las instituciones se han creado precisamente para generar esquemas claros de intervención. De igual forma, a través de la trama institucional, hay responsabilidades que se pueden definir del comportamiento apegado o no a sus leyes orgánicas. 

La ciudadanía observa una confrontación con el Estado, independientemente de la forma en que al interior de sus órganos administrativos se determinen las responsabilidades correspondientes. Esa es una acción interna administrativa de gobierno, la ciudadanía lo que reclama es la intolerancia ante la impunidad; y de las acciones que se tienen que poner en operación se marcará el sentido de la construcción institucional del Estado, para tener la certidumbre legal que constitucionalmente es obligación estatal de sostener y garantizar. 

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