Quinto Patio

2020-06-10 06:00:00

Ayer se realizó la primera comparecencia mensual del secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, ante la Comisión de Hacienda del Congreso local para explicar la nueva deuda de 6 mil 200 milloncitos de pesos y las reasignaciones presupuestales. La asistencia de legisladores fue buena, con muchas preguntas, pero pocas incisivas o con ganas de encontrar respuestas. El secretario aprovechó las puntillosas para dar generalidades y las específicas para dar números. 

El que se molestó fue el titular de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez: pidió a sus compañeros que no plantearan preguntas de otros temas, aunque el secretario sepa la respuesta, y que se centraran en el único tema a tocar, lo cual suena poco justificable cuando el funcionario puede responder cualquier pregunta de las finanzas del estado, y más cuando no siempre está compareciendo. ¿Edá? 

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A Ricardo Rodríguez le reclamaron la priísta Mariana Fernández y la de Morena Érika Pérez que no les diera el formato de registro para ser oradores, y que cuando se quisieron anotar ya había bastantes delante de ellas, sin haberse dado cuenta en qué momento se registraron. ¿Y los legisladores en general? Más preocupados por felicitar al secretario que por hacer preguntas puntuales del presupuesto. Normal. 

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El diputado Enrique Velázquez, titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, justificó que el examen para los aspirantes a consejeros de la Judicatura haya estado retedifícil y que pusiera vara alta para poder aprobarlo, porque así se requiere que sean los futuros consejeros, expertos y con altos conocimientos. 

La cosa es que de los 61 aspirantes sólo uno sacó más de 80 y 47 pidieron revisión de examen. Personajes con alta trayectoria académica o profesional quedaron señalados por no alcanzar el puntaje máximo. ¡Gulp! 

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A pesar de que las organizaciones defensoras de derechos humanos y la CEDHJ ya catalogaron las detenciones del viernes pasado como desapariciones forzadas por parte de policías ministeriales, la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción aún no se anima a tipificar así el delito. Lo dejaron en abuso de autoridad y robo calificado; solo eso. No contaron testimonios, videos, fotografías y demás. 

Aún no es tiempo de poner ese nombre, dijo el fiscal Ignacio de la Cruz Tovar. Que las investigaciones deben dar los elementos para que los levantones sean desapariciones forzadas. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado ya se hizo a un lado; o al menos eso dijo el fiscal Octavio Solís. ¿Le creemos? Ahora, aseguró, las investigaciones serán a cargo solo de la Fiscalía General de la República y la fiscalía anticorrupción para que “haya total transparencia”, como si eso existiera en Jalisco. 

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Y dice así: “El gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de actuar hasta las últimas consecuencias en contra de actos como los que se dieron en Ixtlahuacán de los Membrillos a principios del mes pasado”. ¿A poco no suena bonito? Casi casi suena como si no estuvieran obligados a ello, sino como si fuera un favor a la justicia. No dice “el gobierno de Jalisco acepta que se cometió un crimen de Estado”; ni tampoco dice, ni nunca lo han dicho, y tal vez nunca lo dirán, que el Estado mexicano, empezando por Jalisco, es responsable por el asesinato de Giovanni López. 

Más bien las autoridades se empeñan en repetir que no lo detuvieron por no portar cubrebocas. Así le dan más valor al informe de unos policías municipales que, ya presos, fueron acusados de tortura y de homicidio y de abuso policial, que al testimonio de los familiares de la víctima, que estuvieron ahí, cuando lo apresaron, que fueron testigos y han reiterado otra versión. Así la justicia en Jalisco. 

qp@ntrguadalajara.com

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