La deuda de una verdad

El silencio en torno a las investigaciones por la desaparición de más de una veintena de jóvenes en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal y las inconsistencias que tuvieron que darse para hacer posible la prisión preventiva para los dos mandos detenidos por los mismos hechos muestran una vez más que imponer terror sigue siendo la principal herramienta en la procuración de justicia. 

Los cambios que debió traer el nuevo sistema penal tendrían que notarse principalmente en la capacitación de quienes forman parte de las diferentes etapas en el proceso. En el caso de los policías ministeriales, se esperaba un cambio radical, pues tendrían que probar la responsabilidad de cualquier persona señalada de cometer un delito, lo cual, en un mundo ideal, habría implicado que aprendieran a investigar. 

En cambio, lo que encontramos son policías investigadores acostumbrados a utilizar las mismas herramientas de siempre: la tortura, los golpes, la presión psicológica y violaciones a los derechos humanos, como incomunicación y desaparición. 

Entre las consecuencias que todos esperábamos, en particular después de las detenciones del viernes 5 de junio, sería una investigación a fondo, que permita tener certeza de quién dio la orden de detener y desaparecer a los jóvenes para impedir que llegaran a la manifestación en la Fiscalía Estatal. 

Por el contrario, se respondió con un proceso contra dos policías que ha dejado muchas dudas, especialmente ante las denuncias de otros elementos de la corporación y de las familias por irregularidades en el proceso. Entre las más graves, que esperaron a que el caso llegara a un juez que les concediera la prisión preventiva sin cuestionamientos por las anomalías en la detención. 

Lo más grave de que el proceso contra los dos policías ministeriales no se siga según lo establecido en la ley es que se estaría negando el acceso a la justicia a los jóvenes que fueron secuestrados por elementos de la Fiscalía Estatal. Porque si las investigaciones continúan así, podríamos no llegar a la verdad y que éste se convierta en uno de esos casos que se alargan y van de una instancia a otra sin una sentencia para los verdaderos responsables. 

Las evidencias que se captaron durante la tarde del jueves demuestran que hubo varios policías que participaron en la detención ilegal de los jóvenes y que posteriormente fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, donde seguramente más personal de esta dependencia se dio cuenta de lo que sucedía. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que se hayan ampliado las investigaciones hacia más involucrados. 

A todo lo anterior se suma la decisión del gobernador de jugársela con el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. No ha dudado ni un instante. Incluso, mientras voces al interior de Movimiento Ciudadano han mencionado en corto que era el momento oportuno para un cambio, Enrique Alfaro Ramírez no ha mostrado ni el menor asomo de duda: no hay modificaciones en su equipo de seguridad. 

Los testimonios que de manera valiente han compartido algunos de los jóvenes secuestrados ponen al descubierto la que fue una tarde de terror para Jalisco. Los golpes, las humillaciones y las amenazas, junto con el traslado y abandono en lugares diferentes a las sedes de las corporaciones de seguridad del estado dejan dudas sobre cuál era la intención que tenían y qué habría pasado si desde esa misma tarde no hubieran circulado videos en los que se veían las detenciones. 

El gobierno del estado debe a los jaliscienses respuestas contundentes, acordes al riesgo en que se puso a los jóvenes que, sin cometer siquiera una falta administrativa, fueron detenidos. Además, necesitamos saber por qué estas prácticas continúan dándose en la Fiscalía Estatal. 

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