Quinto Patio

En los últimos días hemos escuchado al gobierno del estado quejarse de manera constante de los millones de pesos que se gastan en pauta para defender al gobierno federal y atacarlos. Sin embargo, al señalar la paja en el ojo ajeno por supuesto que no ven la vigota en el propio, porque las empresas que manejan los mensajes, contenidos y pautas en redes sociales de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) se han llevado, nada menos y nada más, que 316 millones de pesos. ¡Qué tal! ¡Saquen cuentas! 

¿En qué se ha usado ese dinero salido del pago de nuestros impuestos? Sólo ellos lo saben, pues se trata de adjudicaciones directas que se convierten en ingresos mensuales seguros para las empresas La Covacha, Indatcom y EuZen, por conceptos generales y sin rendición de cuentas. Imagínese para qué podrían utilizarse esos más de 300 millones de pesos y, de paso, imagínese o sueñe si usted tuviera una empresa con ese éxito de facturación en tan poco tiempo. La comunicación de MC y en particular del gobernador Enrique Alfaro sí que ha sido un negocio redondo, seguro y rápido. 

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Al no cuidar los perfiles de quienes fueron nombrados como consejeros de la Judicatura, los diputados locales no se dieron cuenta (suponemos) de que nombraron a un abogado que tiene juicios pendientes con el gobierno del estado, relacionados con un tema nada insignificante para los jaliscienses: el intento de desarrolladores inmobiliarios de construir vivienda en pleno bosque Los Colomos. 

Sí, el nuevo consejero de la Judicatura Iván Novia es el defensor de los particulares que empezaron a construir en el predio Colomos III durante el gobierno estatal anterior y que fueron desalojados en febrero de 2017 con el uso de la fuerza pública, tras acreditarse que históricamente la propiedad era pública. Vaya fichita tenemos ahora en este órgano del Poder Judicial, gracias a los diputados ciudadanos y sus aliados. 

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Miren, les contamos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se unió al reconocimiento de la labor realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Lo hizo la comisión como una de las 31 instituciones que integran la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Las dos reconocidas son “instituciones clave para alcanzar una sociedad más igualitaria, pacífica y con una vida digna”. 

¿Y eso qué? Bueno, que tanto el Conapred como la CEAV han estado en la mira y la lengua filosa y mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Del primer organismo ya renunció su titular, y del segundo, iguanas ranas. Peeeerooo son muchas las voces que critican que desde la 4T se quieran deshacer, reacomodar, sustituir, minusvalorar o de plano no apoyar a las instituciones. En ese contexto, los ombudsman estatales le dieron espaldarazo al Conapred y a la CEAV. ¿Ok? 

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Ixtlahuacán de los Membrillos no sólo se hizo nota nacional e internacional por el reciente asesinato de Giovanni López, por el que están bajo proceso tres policías municipales. Ahora de nuevo estuvo en el candelero, luego de que ahí se cuecen otras habas. Y quien se encargó de darlo a conocer en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional fue el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien informó que se realizaron 229 verificaciones para revisar el precio de la gasolina. 

Hasta ahí, pues, normal el reporte. Sólo que Sheffield hizo referencia a que una estación ubicada en la colonia Chapalita, en Guadalajara, y otra en Ixtlahuacán de los Membrillos, se negaron a ser revisadas. Justo en ese municipio. O sea… 

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jl/I