Quinto Patio

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) no sólo han gastado 316 mdp en sus empresas favoritas EuZen, Indatcom y La Covacha, sino que continúan dando millones y millones a medios tradicionales, cuando uno de los pretextos de contratar al trío fue que reduciría el gasto en comunicación… y pues no. Más de 100 mdp en lo que va de este año ha repartido el gobernador Enrique Alfaro para difundir su imagen, perdón, para difundir las acciones que realiza su gobierno (ajá). 

Y todo esto es gracias a los diputados locales, quienes tienen en la congeladora desde la Legislatura pasada varias propuestas para crear la ley de comunicación social de Jalisco, peeeeeeero, con eso de que MC gasta y gasta a discreción y con adjudicaciones directas, se ve complicado que, como son mayoría, se pongan la soga al cuello y se autobliguen a licitar. No está en los planes de la refundación. 

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La Comisión de Participación Ciudadana parece que quiere evitar el fantasma del truene del examen de conocimientos que se aplicará en el proceso de elección del comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia (Itei), y seguramente lo logrará porque el tema o la aspiración no despertó el interés de muchos ni son abogados. Si para formar parte del Consejo de la Judicatura se registraron 67 suspirantes, que diga, aspirantes, para tres puestos, en el caso del Itei sólo se anotaron 16 para un único espacio y su suplente. 

La priista Mariana Fernández, titular de la comisión, recordó que el proceso lo llevará el Consejo Consultivo del Itei y que los diputados sólo serán observadores. Traducción: se pueden lavar las manos si algo sale mal. Mientras tanto, el referido consejo consultivo iteiano subió a redes sociales el temario del examen de conocimientos que se aplicará a los que quieren estar en la nómina del instituto. Recomendación: estudien; no vayan a pasar vergüenzas como los 60 que presentaron la prueba para la Judicatura y sólo una lo aprobó. 

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El pistolero que llevó su arma para que lo atendieran en el IMSS ya quedó preso y lo catalogaron como agresor de personal de salud. Como que nos acordamos de que Enrique Alfaro había dicho que creó las agencias especiales del ministerio público para investigar agresiones contra personas con motivo de su labor en instituciones de salud, pero algunos de los hasta ahora 24 procesados, según el recuento oficial, pareciera que apenas tienen relación con eso. 

Por ejemplo, el otro caso que dio a conocer ayer la Fiscalía del Estado, de un hombre que agredió a su pareja, que trabaja como enfermera. ¿No será como que quieren meter todos los casos que se puedan a esa categoría? ¿Y luego para qué, si las sentencias que ha habido son reducidas porque el acusado se declaró culpable? Eso sí, el juez los manda a que hagan servicio comunitario a los servicios de salud, para que se les quite lo prejuiciosos y agresivos. 

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBT+, hizo varias propuestas a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y a los 125 ayuntamientos. Al Legislativo, que ponga en marcha un mecanismo de operación para diagnosticar y armonizar bajo el principio de máxima protección las normas que limiten, suspendan y menoscaben los derechos humanos de integrantes de la comunidad. 

También la comisión propone que los diputados den seguimiento y cumplimiento a diversos puntos de tres recomendaciones (20/2018, 27/2018 y 27/2019) que abordan asuntos como el reconocimiento del matrimonio igualitario. Han pasado tres años desde que se emitió la primera recomendación. ¿A la mayoría de los diputados les importan un comino los derechos de la población LGBT+? Sí. 

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