Una figura considerada por las autoridades como clave para resolver el caso Ayotzinapa es José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, a quien se identifica como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, que opera en Guerrero, Morelos y el Estado de México. Detenido este 24 de junio, liberado por un presunto soborno millonario y recapturado apenas salía de la penal del Altiplano, su caso exhibe los tumbos, dudas, yerros, falsedades, ineficiencia e ilegalidades cometidas por los autores de la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam.
En documentos oficiales sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas ni siquiera se mencionó en su momento a El Mochomo. Se trató de una figura poco visible y escurridiza. No lo nombró Murillo Karam en la conferencia de prensa del 6 de noviembre de 2014 en que expone la “verdad histórica” producto de una “investigación exitosa”: al considerar que los normalistas pertenecían al grupo delictivo contrario, Los Rojos, fueron entregados por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula, para luego arrojar las cenizas y restos al río San Juan. La Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a cargo de Tomás Zerón, sobre quien pesa una orden de aprehensión, presentó un informe de 42 páginas que tampoco menciona a El Mochomo.
Otra investigación importante es la recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentada en noviembre de 2018. Se trata del documento “más cercano a la verdad” que “constituye una base fundamental” para futuras indagaciones, destacó el anterior titular de la CNDH Luis Raúl González Pérez. El resultado es la formulación de 128 puntos recomendatorios y 224 propuestas a distintas autoridades, casi todas a la PGR, ahora FGR.
La recomendación de 2 mil 178 páginas la editó la comisión en 10 tomos. En ninguno aparece El Mochomo. La CNDH cita que el líder de Guerreros Unidos cuando el 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrió la desaparición de los normalistas era Sidronio Casarrubias Salgado, hermano de José Ángel. Sidronio es identificado también por Murillo Karam como quien encabezaba al grupo criminal.
El Mochomo aparece en el Diario Oficial de la Federación un año después de lo ocurrido en Iguala, el 6 de octubre de 2015, en un acuerdo de la PGR, cuya titular era Arely Gómez, que ofrece recompensa a quienes proporcionen información sobre cinco probables responsables de delincuencia organizada y los que resulten en agravio de los 43 normalistas. Por uno de ellos, Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, se ofrecieron 2.5 millones de pesos. Por otros cuatro y El Mochomo, sólo 1.5. No estaba el presunto delincuente en el primer nivel de prioridad de los buscados, a juzgar por el monto. Flores Velázquez fue detenido en octubre de 2016 y liberado en septiembre de 2019; El Mochomo cayó en manos de la FGR casi seis años después, en Metepec, Estado de México.
Lo sucedido tras la detención de Casarrubias Salgado demostró de nuevo la corrupción que es el Poder Judicial federal. Se trató de un escandaloso escollo en las indagaciones. Ayer, por si faltara algo, otro juez ordenó liberarlo, aunque sigue bajo arraigo.
Si el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, asegura que “se acabó la verdad histórica”, es imperativo conocer la suerte de los normalistas, sancionar a los que mintieron, y hacer justicia para los jóvenes y sus familias. Esa noche asesinaron a seis personas, lesionaron a 42 y desaparecieron a 43. Cumplir el derecho a la verdad es una obligación del Estado mexicano y una demanda nacional.
Twitter: @SergioRenedDios
jl/I
|