Un mes y una historia a medias�

Transcurrió un mes desde que jóvenes fueron secuestrados por elementos de la Fiscalía Estatal, sin resultados en las investigaciones. Ni siquiera la detención de dos mandos y la destitución de 14 policías ha arrojado luz sobre los hechos. 

Lo que sí hemos conocido a lo largo de estas semanas son los testimonios de quienes fueron secuestrados en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal, la incomunicación y los golpes a los que se les sometió, el robo de sus pertenencias, la retención ilegal y luego la desaparición, cuando fueron sacados de las instalaciones de la fiscalía para posteriormente ser abandonados en diferentes puntos. 

Pareciera que la intención de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República sólo permitió a las autoridades estatales sacudirse y darle vuelta a la página. 

Con el paso de los días, las víctimas de lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) calificó como desaparición forzada, han aceptado dar sus testimonios, los cuales tienen coincidencias casi totales, lo que tendría que facilitar la investigación. Sin embargo, no ha habido conclusiones. 

Monserrat y Flavio son maestros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y asistirían a la manifestación que se llevaría a cabo en la fiscalía como parte de un trabajo de investigación que realizan. Ayer, repitieron el relato del secuestro del que fueron objeto el 5 de junio. Ambos son antropólogos y laboran en un libro sobre movimientos sociales. 

En una entrevista en el programa radiofónico Cosa Pública 2.0, Monserrat relató que durante todo el tiempo los policías les dijeron que no estaban detenidos, lo que en esas horas aumentó el miedo, pues implicaba que lo que les sucedía estaba fuera de la ley y tenían incertidumbre sobre sus vidas. 

Las víctimas de las detenciones arbitrarias del 5 de junio conformaron ya un colectivo que se denomina Somos 4, 5 y 6 para armar la historia de lo que cada uno vivió, confirmando que el patrón con todos fue el mismo. 

A diferencia de otros hechos en que la policía ha atentado contra la población, en este caso el gobernador Enrique Alfaro admitió que los elementos de la fiscalía actuaron fuera de la ley y aceptó que se violaron los derechos humanos de quienes fueron detenidos. Incluso, fue el mismo gobierno del estado el que al día siguiente ordenó la detención de los dos mandos que aparentemente dieron las órdenes. Después, se ha olvidado del asunto. 

Los afectados han confirmado que recibieron apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de la fiscalía anticorrupción. Pero más allá de las reuniones, los procesos siguen pendientes y las respuestas no han llegado. 

Una de las dudas que surgen es qué sucederá con los elementos que fueron suspendidos, pues no incurrieron en una falta administrativa, sino que presuntamente cometieron un delito. 

La solución a este caso tiene su importancia en la reparación integral del daño y que los responsables sean sancionados en la proporción de las faltas o delitos que cometieron. Además, el Estado debe garantizar la no repetición. 

Por lo pronto, el nuevo colectivo ya busca que los hechos queden registrados y han convocado a todas las víctimas a contar su historia, bajo condiciones de seguridad para cada una. La memoria de estos hechos será determinante para llegar a la verdad. Pero falta la historia desde el otro lado, desde el origen de las órdenes para actuar contra los manifestantes. 

Por su parte, el gobierno del estado tiene la obligación de dar todas las facilidades en las investigaciones y garantizar la seguridad de las víctimas, pues otra coincidencia en todos los testimonios que se han recogido en las últimas semanas es sobre el temor a que sus datos sean utilizados para amedrentarlos. 

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