Los inseguros caminos de Guanajuato

Guanajuato es el cuarto estado del país con el mayor valor de producción de industria manufacturera y tiene un codiciado corredor de hidrocarburos. En años recientes, las autoridades habían convertido extensos campos agrícolas en parques industriales, especialmente destinados al sector automotriz, pero con la llegada de Donald Trump algunos inversionistas salieron por presiones del presidente de Estados Unidos, luego otros más fueron cerrando o dejando en pausa sus proyectos por el incremento de extorsiones y homicidios. 

En los últimos tres años, Guanajuato entró al listado de los estados con más criminalidad en México y acumula la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por homicidio. Hay un promedio de 12.7 víctimas por día, de acuerdo con un registro del diario local AM. 

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dice que los asesinatos han aumentado por una pugna entre tres grupos criminales que se disputan el control del robo de combustible, y que van a “salir adelante” con la ayuda de la gente y de la Federación. El gobierno de López Obrador ha enviado mil 200 elementos de la Guardia Nacional a los municipios de León, Salamanca, Celaya, Irapuato y San Luis de la Paz, sin embargo, los asesinatos y las desapariciones se siguen incrementando. 

Como en otros estados, colectivos de familias se han agrupado para hacer sus propias investigaciones y presionar a quienes deberían de buscar a los suyos y hacer justicia. Según un registro de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, entre el 1 diciembre 2018 al 31 diciembre 2019, 23 personas desaparecieron en Guanajuato. 

Hace unos días policías de Guanajuato detuvieron a familiares de desaparecidos durante una protesta y lesionaron a por lo menos 25 personas. Sandra, quien busca a su hermana desaparecida, sufrió una fractura por los golpes del grupo antimotines y tuvo que ser hospitalizada. 

Este tipo de agresiones a víctimas de la violencia no sorprenden si se revisan los antecedentes de opacidad, negación de información y falta de justicia en Guanajuato. El gobierno de Rodríguez Vallejo en solicitudes vía ley de transparencia ha respondido una y otra vez que no hay fosas clandestinas en su entidad, pero sí las hay. 

Las respuestas enredadas y llenas de términos legales que entrega su fiscalía han obligado a preguntar de otras formas. En una solicitud de enero de 2020, donde sólo pedí los datos de cuerpos enterrados o semienterrados, la fiscalía hizo una maroma y redactó: “Se puede enterrar algo o alguien en una fosa, pero no toda fosa constituye un entierro ni todo un entierro se traduce o representa una fosa”. Después de eso informó que entre el 3 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2019 habían encontrado 50 cadáveres enterrados en su territorio. 

¿Cuándo, dónde, cómo, en qué condiciones están esos cuerpos? Ni para esta fosa ni para las otras responde, porque simplemente para su gobierno siguen sin existir fosas, aunque encuentren cadáveres y restos enterrados o semienterrados. La fiscalía dice: “No se cuenta con un documento o registro factible de consulta en el que se especifiquen de manera particular las circunstancias, características, lugares de localización del cadáver y demás rubros solicitados”. 

En esa misma solicitud pregunté por las personas fallecidas no identificadas y las condiciones en las que estaban. Dieron pocos datos, pero los que proporcionaron son suficientes para dimensionar la catástrofe forense por la que atraviesan: en los últimos cinco años pasaron de tener un cuerpo sin identificar a 103 hasta diciembre de 2019. Los datos exactos: uno de 2015, dos de 2016, 11 de 2017, 41 de 2018, 103 de 2019. Cada uno de estos restos fueron enviados a una fosa común. 

No es difícil imaginar cómo puede acabar 2020 con un gobierno que ni acaba con la criminalidad ni defiende a las víctimas. 

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