El subregistro de la pandemia

Lo peor está por venir. No hace falta una bolita de cristal para saberlo. Aplica para la salud, pero también para lo económico y para lo relacionado con la justicia en todos los sentidos. 

Si en condiciones que llamaré saludables, por contrastarlas con la crisis en la que estamos hundidos, no había garantía de dignidad humana para vivir con nutrición, con seguridad, con servicios médicos adecuados, la cada vez más amplia escasez de recursos para las instituciones del Estado, de la iniciativa privada y de la sociedad en general vulnera más a quienes ya tenían carencias desde antes del Covid-19. 

Parte fundamental de la labor de las instituciones, sean de gobierno o de la sociedad, es auxiliar a quienes están a merced de la desgracia. Porque sí, lo están. Con 1 por ciento que se agudice el desempleo o 10 por ciento que se agudice la tasa de contagio hay vidas en riesgo, hay daños irreversibles que pueden sufrir familias enteras. 

La estadística puede suplir a la bolita de cristal para anticipar lo que viene y para tomar las provisiones necesarias, todas las acciones que se han de adoptar para salvaguardar a toda la sociedad, pero principalmente a quienes están más desprotegidos e incluso completamente en el desamparo. En ese sentido, lo mínimo que pueden hacer los responsables de las políticas públicas es usar los datos disponibles con sinceridad y honestidad para presentar al pueblo las alternativas y justificar cada una de las decisiones. 

Lo que ocurre es muy distinto. Los representantes del Estado como institución y los funcionarios elegidos para gobernar en todos los niveles tienen en mente intereses calculados antes que cumplir con sus funciones y proteger a la sociedad, a los más desfavorecidos, de las consecuencias de la pandemia más catastrófica de los últimos siglos, que lo es por su escala global y su propagación acelerada. 

La temporada electoral se adelantó ocho meses de cara a las elecciones de 2021 que, se prevé, tendrán un período de campañas oficiales recortado precisamente debido a las consecuencias de la contingencia sanitaria, pero que en realidad empezó desde el primer contagio del coronavirus en México. 

Las estrategias nacionales y locales se han enfocado en comprar una imagen que permita posicionar productos de mercadotecnia política de la manera más redituable en cada territorio para los partidos políticos y los grandes jugadores del juego de la democracia mexicana. 

En Jalisco particularmente me altera la renuencia del gobierno para aceptar que las medidas de resguardo voluntario han tenido consecuencias claras en la reducción de la incidencia delictiva. El gobierno estatal presume las cifras de la disminución de más de 20 por ciento de los delitos en determinados momentos y en determinadas circunstancias como si fuera el logro claro del proyecto de seguridad del gobierno alfarista, de su Fiscalía del Estado en que imperan órdenes criminales, ya sean oficiales o de algún grupo de la delincuencia organizada, de su Secretaría de Seguridad completamente indefensa y descoordinada ante un ataque de gatilleros que ha costado la vida de un policía la semana pasada. 

La única opción viable para enfrentar en materia de seguridad lo que viene en las siguientes fases caóticas de adaptación a la ahora enfermedad endémica de Covid-19 es admitir que los problemas persisten a pesar de la enfermedad, y más del subregistro que existe debido a la pandemia. Es abrir los ojos ante las desapariciones que se mantienen, los policías sin capacitación ni protección contra el cártel hegemónico, las inhumaciones masivas como práctica generalizada. Y después, actuar en congruencia. 

Twitter: @levario_j 

jl/I