Quinto Patio 

2020-07-20 06:00:00

¡Que nos la hagan buena! Eso fue lo que pensaron varios de los representantes de las corporaciones policiales de Jalisco cuando vieron las cifras infladas del estado de fuerza que presentó el gobierno federal, ahora que nos visitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuentan las malas lenguas que antes de la mañanera en la Base Aérea de Zapopan, se reunieron el equipo de la Presidencia, el de la Sedena y el del gobierno de Jalisco a revisar los datos. Y a nadie le causó ruido que en los números la Policía Estatal tuviera cinco veces más que su estado real de fuerza. 

Lo que es más extraño: después de la conferencia y de haber notado la enorme discrepancia, nadie del gobierno del estado ni de la Secretaría de Seguridad de la entidad, nadie, nadie, nadie, movió un dedo para aclarar, desmentir o precisar la susodicha información, más inflada que un globo aerostático. Acá nos consta que se dieron cuenta del tremendo desliz y sólo dijeron que estaban considerando qué procedía; ái pa despuecito. 

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El aumento a la tarifa del transporte urbano fue aprobado el 7 de agosto de 2018 por el comité técnico, en tiempos del gobernador Aristóteles Sandoval. Después, en julio de 2019, ya en la actual administración de Enrique Alfaro, la Secretaría del Transporte emitió un acuerdo a favor del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Pues bien, tras las quejas recibidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investigó, evaluó y emitió una recomendación que dio a conocer ayer. 

En sí, apunta el organismo que por el alza al transporte público fueron vulnerados varios derechos de los usuarios. Y hace diversas recomendaciones, como garantizar que a los viajeros se les devuelvan de manera inmediata los 50 centavos cuando pagan 10 pesos, que quién sabe quiénes se quedan con ese excedente y con qué destino; y que ante ello indague el fiscal especial anticorrupción si hay elementos constitutivos de un delito; o sea, ¿quién se clavó, que diga, quién o quiénes se quedaron con la bolita o bolota de muuuuuchos pesos en este opaco periodo cincuentavero? (O sea, en qué acabo la transición de las marimbas de madera a las máquinas tragamonedas). 

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Luego de que la Secretaría de Gobernación presentara la semana pasada la versión pública del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, la Arquidiócesis de Guadalajara se interesó de nuevo en el tema, uno de los más dolorosos para miles de familias. De ahí que en el reciente número de su medio impreso El Semanario fuera su tema principal. En portada publicaron una fotografía de la Glorieta de los Niños Héroes, también conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos. El título es “Una herida que no sana”. 

La semana pasada, el lunes 13 de julio, cuando se presentó la plataforma del registro nacional, sumaban en el país 73 mil 238 las personas desaparecidas desde 1964 hasta ese día. Hasta ayer, en seis días, la cifra nacional aumentó a 73 mil 292; o sea, 54 desaparecidos más en ese lapso. ¿Y en Jalisco? Eran 10 mil 230 en ese periodo, y ayer, hasta las 18:52 horas, el acumulado llegó a 10 mil 236. En ese lapso, en la entidad desapareció en promedio una persona por día. Jalisco, segundo lugar nacional. La cifra imparable del horror. 

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Que aparezcan en redes sociales dos videos en los que un supuesto grupo delictivo con el nombre de la entidad exhiba su fuerza armada es un desafío y un acto de propaganda que logró un cometido: infundió miedo social. Al mismo tiempo puso a pensar hasta dónde actúan y con el apoyo de quiénes hallan espacios, quienes actúan al margen de la ley, sin que las autoridades de los tres niveles establezcan el estado de derecho. Así de claro. 

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