Las bases del escepticismo

Una veintena de empresarios de Guanajuato desaparecidos en Puerto Vallarta y ni una sola denuncia. Aunque la Fiscalía del Estado sólo cuenta 13 o 14 personas en los hechos bajo investigación relacionados con un homicidio. 

No son miembros de un grupo criminal y, sin embargo, sus familias han tenido el temor o la desconfianza para no acercarse a las autoridades constitucionales a denunciar la ausencia de las víctimas. 

Y no hay duda de que ha sido un crimen de la delincuencia organizada, pero tampoco hay una explicación al respecto a una semana de que fueran atacadas y plagiadas esas personas que se dedicaban a actividades de esparcimiento durante su viaje desde Guanajuato hasta el municipio costero jalisciense. 

Por toda explicación oficial y, en vez de abordarlo como un caso de desaparición forzada múltiple, la fiscalía informó que se trató del homicidio de un empresario que fue atacado junto con un grupo de personas que lo acompañaban, aparentemente sin provocación alguna. Conceptualmente hay una diferencia muy grande entre la idea de un homicidio singular y la desaparición de un grupo de personas. 

Se trata de investigaciones en materia de delincuencia organizada que paralizan a la Fiscalía del Estado, y cuya misma burocracia frena acciones que podrían ser cruciales en el esclarecimiento y posiblemente en el rescate de las víctimas. 

Otra investigación que ha calado en los resultados de procuración de justicia es el homicidio del fiscal regional Gonzalo Huitrón, cuya muerte cumplió un año este domingo y fue atribuida también a la delincuencia organizada. Su puesto quedó vacante más de tres meses, porque nadie quería asumir ese riesgo, sabiendo que ni la propia institución para la que trabajaban podía garantizar su seguridad. 

El crimen que cobró la vida del fiscal regional fue una demostración de fuerza, una ostentación del poder de la delincuencia organizada. Se trató de una emboscada en Poncitlán en la que fueron percutidos más de 200 casquillos de armas de alto poder. Sus dos escoltas sobrevivieron con heridas. 

En un estado donde el cártel hegemónico mantiene milicias y opera grupos armados mejor adiestrados y mejor equipados que las instituciones legítimas, no es sorpresa ya para nadie y, al contrario, el pueblo muestra reverencia hacia los capos capaces de evadir la ley y corromper o aniquilar a sus guardianes. 

Ante un escenario donde todo parece incierto en materia económica y política, lo único que parece cierto es que los grandes señores de las drogas prevalecerán, porque no se han modificado las condiciones que han favorecido su prosperidad. No las han modificado ni la supuesta refundación de Jalisco ni la pretendida transformación de México. 

Un estado donde las autoridades no pueden responder a la pregunta de quién asesinó a un alto funcionario de la ley o por qué se llevaron a un grupo de empresarios turistas pierde legitimidad ante la sociedad. Y por mucho que muestren estadísticas con números de disminución de delitos, nadie lo creerá. 

Es un escepticismo que nace naturalmente y que difícilmente se podrá modificar hasta que los resultados sean completamente otros. 

Y, por el contrario, nadie es escéptico acerca del poder de los jefes criminales. 

Hay nombres que no se dicen en grandes regiones de Jalisco donde toda la gente sabe quién es quién, donde las despensas que entrega el gobierno no son tan bien recibidas como las que llevan los representantes del verdadero poder en esas comunidades. 

Sólo la pandemia es un reto que, quizás, pone a prueba la resiliencia de las estructuras criminales, pero que seguramente los liderazgos verán más bien como una oportunidad de negocio. 

Twitter: @levario_j

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