No a leyes sobre desaparici�n, sin�aprobaci�n de las familias

Es necesario, justo y obligado el rechazo de las familias con desaparecidos a que, sin el proceso participativo acordado, el Congreso del Estado apruebe de manera exprés el paquete de tres iniciativas de ley sobre personas desaparecidas, atención a víctimas y declaración especial de ausencia por desaparición. Necesario, porque no se deben legislar al vapor dadas las importantes repercusiones que tendrán en cada de una de las, hasta ahora, más de 10 mil desapariciones, y en el abanico de incontables víctimas de distintas violaciones de derechos humanos y delitos; justo, porque impartir justicia conlleva el respaldo de normas adecuadas, precisas, preventivas de lo que regulan, benéficas para las víctimas; y es un reclamo obligado ante un Poder Legislativo con una dinámica que obedece más a una lógica que va en demérito de la gravedad de las desapariciones, donde importan sobre todo las prisas políticas, las negociaciones y otros intereses que aprobar normas lo mejor elaboradas en bien de los desaparecidos y sus familias. 

Son tres las iniciativas de ley en el centro del debate, que fueron presentadas en octubre de 2019 al Congreso local por el gobernador Enrique Alfaro. Le corresponde dictaminarlas a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios (CDHPO), a cargo del diputado panista Jorge Eduardo González Arana, con quien las familias de desaparecidos han tenido desencuentros por no incorporar sus observaciones y las de los expertos que las acompañan, y por inesperadamente meter el acelerador para aprobar el paquete de iniciativas de ley. 

De ahí la demanda puntual de los colectivos Por Amor a Ellxs, y Entre Cielo y Tierra de #SinLasFamiliasNo. Las víctimas de la pesadilla que son las desapariciones y las conocedoras en los hechos de los avatares para encontrar a los desaparecidos, son las familias; sobre todo las madres, esposas, hijas y hermanas. Sin ellas, no. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se publicó el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. El decreto entró en vigor 60 días después. Las entidades federativas debieron emitir y en su caso, armonizar su legislación local dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. Eso significa que Jalisco va retrasado en más dos años en cuanto al cumplimiento del decreto federal. Pero no sólo va tarde, sino sin lo que exigen las familias de desaparecidos: un proceso legislativo sobre el paquete de leyes que sea abierto, transparente e incluyente. 

A pesar de varias actividades y espacios de diálogo realizados por colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales a fin de impulsar la aprobación de dichas leyes, a la fecha no se cuenta con un marco normativo adecuado y adaptado a las particularidades del estado de Jalisco, denuncian los dos colectivos de familias con desaparecidos y el Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO, ¡Tómala!, #Nuestro Presupuesto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Observatorio Legislativo del ITESO. 

El 17 de julio presentaron los colectivos y organizaciones de la sociedad civil una carta a la CDHPO para reactivar el proceso de análisis y revisión de las iniciativas. No recibieron respuesta ni de manera oficial les entregaron los dictámenes. La comisión les dio la espalda. Que el pleno del Congreso local no lo haga. 

Twitter: @SergioRenedDios

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