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Concluido el segundo año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador esboza lo que serán los pilares de su proyecto de gobierno y de la cuarta transformación. Al tiempo que está impelido a enfrentar las exigencias que la pandemia ha impuesto al país, ha de proyectar los ejes de los grandes planes y obras del sexenio, de la mano del programa de reactivación económica, con el apoyo de los empresarios. 

Siguiendo la tradición, el presidente eludió tratar a fondo temas espinosos como la inseguridad y aunque los principales indicadores no se hayan incrementado, los homicidios dolosos y las desapariciones se mantienen en un pico todavía muy alto. Respecto de la desigualdad entre las regiones y los ingresos de las familias, poco se dijo y menos se ha hecho para disminuir esos grandes problemas, en lo que va del sexenio. 

Para el presidente es muy importante mantener el apoyo ciudadano, pero también una mayoría favorable en el Congreso de la Unión, que apruebe sin dificultad las iniciativas que le permitan allanar el camino de sus planes y programas. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la solicitud de incorporación de siete nuevos partidos. Entre los finalistas quedaron dos: México Libre, proyecto que encabezan Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, y el Partido Encuentro Solidario (PES), que agrupa a los seguidores y aliados de Elba Esther Gordillo, quienes para dar señales de que sobreviven cambiaron el nombre, pero mantienen sus siglas emblemáticas. En pocas palabras, nada nuevo bajo el sol en términos de competencia y representación política. 

Por su parte, los encabezados por la pareja Calderón-Zavala llevan a sus espaldas el fraude de 2006, y para buscar el registro de su partido la presentación de credenciales falsas e irregularidades en la contabilidad. La multa que se les impuso justamente fue por recibir recursos de donantes desconocidos, básicamente porque se recibieron a través de una aplicación en la que es imposible reconocer a quien hizo la aportación. 

No sólo los dos finalistas, sino los siete aspirantes tuvieron grandes dificultades para cubrir los requisitos del INE para obtener el registro: no se permiten dádivas a más de 50 por ciento de los participantes en las asambleas. Las aportaciones de personas no identificadas no pueden rebasar 20 por ciento de las asambleas. Se niega la participación a ministros de culto. Las asambleas serán invalidadas si hay participación de gremios o sindicatos, sea a través del acarreo o de aportaciones. 

Si los criterios se aplican con rigurosidad, ningún partido merecería la incorporación en la contienda del próximo año, básicamente porque no se realizan las asambleas con participación realmente libre y en forma adecuada, porque la compra de la participación, el acarreo gremial, así como las aportaciones económicas de dudosa procedencia son una práctica normalizada entre las organizaciones que buscan el registro. 

Es lícito y es necesario que ante la convocatoria del INE acudan los interesados, pero no hay una sola propuesta novedosa; más bien queda claro que el interés de las fuerzas políticas que pretenden estar en la contienda electoral no es ampliar la representación democrática, sino obtener las prerrogativas y el financiamiento que reciben los partidos políticos formalmente constituidos. 

*Profesor-investigador del ITESO 

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