Hacer bien las consultas ciudadanas

La semana pasada me invitaron a dar una charla en el diplomado en elecciones, representación política y gobernanza electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este muy interesante programa académico es liderado por las doctoras María Marván y Flavia Freidenberg, y mi intervención se dio en el marco de la clase sobre formas innovadoras de exigencia ciudadana liderada por la doctora Erika García Méndez, quien me ofreció el espacio para aportar. 

Dadas las circunstancias que impone el coronavirus, la participación fue virtual y, como cualquier charla que preparo, estuvo enfocada más en provocar discusión que imponer alguna visión. 

Comparto aquí la provocación que tuve oportunidad de hacer a las más de 90 mentes brillantes conectadas desde éste y otros países de habla hispana. 

Primero, se ha reflexionado mucho en los últimos años sobre cómo innovar y utilizar tecnología para hacer más eficiente la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Los primeros avances se dieron en la digitalización de trámites y servicios, y en prácticas de gobierno abierto que acerquen información al ciudadano, pero se había mantenido el reto de consultar eficazmente a los ciudadanos su opinión respecto a una política u otra. 

Las consultas abiertas como la que detonó el Brexit en el Reino Unido o la que se hizo sobre los acuerdos de paz con las FARC en Colombia resultaron ser experiencias agridulces, y los esfuerzos que se han hecho por capturar e incluso intervenir el pulso digital de la ciudadanía a través de redes sociales han generado situaciones poco éticas como la de Cambridge Analytica, en la que se obtuvieron datos personales de formas engañosas. 

Segundo, dadas estas malas experiencias, en la última década se ha puesto más énfasis principalmente en Europa y Norteamérica en un nuevo tipo de instrumentos para consultar la opinión de los ciudadanos: los procesos representativos y deliberativos. 

Funcionan como asambleas o mesas de diálogo en los que un grupo representativo de la población que se busca consultar dedican un tiempo a estudiar el tema en cuestión y después emiten una recomendación al gobierno que tome en cuenta todas sus posturas. 

En algunos países como Canadá y Bélgica incluso han creado consejos ciudadanos permanentes que se encargan de organizar las consultas que se van necesitando. 

Tercero, aunque el gobierno actual en México ha manifestado que quiere usar más el mecanismo de la consulta ciudadana, el ejercicio realizado para hacer la consulta sobre el nuevo aeropuerto en la CDMX no da señales de que quieran hacer ejercicios representativos y deliberativos que han probado ser más eficaces. 

La OCDE recomienda que estos procesos cumplan condiciones como: expresar el propósito clara y neutralmente, que el grupo de consulta sea una muestra aleatoria y representativa de la población, que el grupo cuente con toda la información que necesita para poder emitir una recomendación, y que se abra un espacio para deliberar con suficiente tiempo para aprender y sopesar todas las opciones y su contexto. 

En un ejercicio como el del aeropuerto no se cumple nada de esto. Sólo hay dos opciones expresadas de forma sesgada en una boleta, el grupo de consulta está inclinado hacia los grupos que consigan acarrear más gente, no se decide con base en información, sino en popularidad de quien propone una u otra, y no hay espacio ni tiempo para que personas en distintas posiciones se escuchen unas a otras. 

Hay que celebrar que México se quiera sumar a perfeccionar los mecanismos democráticos para que el gobierno consulte con más frecuencia a la ciudadanía sobre distintas políticas, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. No desperdiciemos dinero en concursos de popularidad, mejor invirtámoslo en ejercicios de reflexión que además acerquen a la gente en lugar de dividirla. 

Twitter: @ortegarance

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