Quinto Patio

Los tapatíos no tienen confianza en las instituciones para denunciar corrupción ni confianza de que habrá cambios; metiéndonos a sus mentes, supositoriamente se dicen algo así como “¡pa’ qué denunciamos si no pasa nada!”. Y para acabarla de amolar ni en cuenta hacen que existe una fiscalía especializada o un Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, pues esto quedó plasmado en un estudio realizado por el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos. 

Aunque los participantes no cantan mal las rancheras, ahora resulta que todos ven un país corrupto, una ciudad corrupta, pero en lo personal están libres de pecado. Como que rezar el Yo, pecador a quienes lo hacen no tiene efectos. Eso sí, los entrevistados reconocieron que los valores se han ido perdiendo y a la par, crece la corrupción entre los tapatíos. Por lo pronto, tooooodas las instituciones que tienen de tarea combatir la corrupción poseen buen material para mejorar su chamba, luego del shock en que seguramente quedaron al conocer los resultados. 

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Ya salió el peine. Sí, nos referimos al cierre repentino del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 2 Occidente. El lunes se publicó el aviso del cierre en el Diario Oficial de la Federación y fue hasta cuatro días después que se supo cuáles eran las razones. El presidente López Obrador informó que ese centro estaba prácticamente abandonado, con apenas unos 400 internos. Reveló que en anteriores administraciones firmaron contratos con empresas para que administraran algunos, pero estaban subutilizados, y el gobierno federal pagaba, aunque tuvieran pocos reclusos. 

AMLO estimó que tienen 9 mil lugares vacíos en los Cefereso, pero no pueden cancelar los contratos con las empresas. Por lo pronto, anunció que hablarán con el gobierno estatal para decidir el destino del inmueble. Lo malo de centralizar la información en la figura presidencial es que hasta que no le pregunta un reportero a López Obrador o él lo hace público se desconoce qué sucede con muchos temas. ¿O no son importantes los reclusos y sus familias, que hasta la fecha desconocen adónde trasladaron? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció ayer por respetar los derechos humanos de los internos de Puente Grande y sus familias, pero lo hizo a toro pasado. 

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Lo que se sabe es que en el caso de los dos tráileres de la muerte, repletos de cadáveres hace dos años, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no ha cooperado con las investigaciones. Acciones que se le han pedido, funcionarios que no acuden a declarar e información que no se entrega son parte de las jus-ti-fi-ca-cio-nes por las que no avanzan las carpetas de investigación. 

Además, se confirma que no trabajan en óptimas condiciones. Por ello, la fiscalía anticorrupción señala en un informe que las respuestas del IJCF “han carecido de celeridad y diligencia”. Hasta ahora todo se redujo a un problemilla administrativo, no de derechos humanos. 

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Una vez más, la Policía del alteño Teocaltiche fue intervenida y desarmada por la Guardia Nacional, la Policía estatal y el Ejército. Los van a investigar, eso que ni qué, pero además les van a hacer pruebas de droga y control de confianza. Se dice que hay presuntos abusos, excesos y sospechas de irregularidades. Y los van a poner en cinta. 

O sea, aseguran habrá chanclazo y fajazo, pero también retroalimentación para que sepan cómo ejercer el oficio policiaco. Lo que falta ver son los resultados. ¿Quién sabe qué pasó con municipios como Poncitlán, San Juan de los Lagos e Ixtlahuacán de los Membrillos? Quedan pues, volando, en lo oscurito, los resultados. Y en Teocaltiche, ¿pos qué pasó que ha sido intervenido ese municipio dosssss vecessssss? 

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jl/I