Responsables totales

Algunos titulares de los órganos de control interno de los entes públicos quizás no se han dado cuenta de la responsabilidad tan alta que tendrán con las declaraciones patrimoniales, ahora que es obligatoria la 3 de 3. 

La responsabilidad es total. Primero deben lograr que se entreguen, después sancionar a quienes no lo hagan y finalmente castigar si hay excesos. 

Todos sabemos que las declaraciones patrimoniales actuales se quedan archivadas, en el olvido, y solamente las sacan a curiosear cuando quieren poner dedo a alguien, es decir, exhibirlo. 

Aunque en la ley está obligación de reportar los bienes que tiene cada servidor público junto con sus familiares cercanos, de nada sirve porque la información se queda guardada y nunca se hace alguna investigación por enriquecimiento ilícito o por sospechas de mal uso o desvío de recursos públicos. 

Las nuevas declaraciones sólo serán públicas si así lo decide el funcionario; los legisladores locales no quisieron ponerse la soga al cuello ni a los personajes de sus partidos políticos. 

Ahora sólo nos queda apostarles a los titulares de las contralorías internas de cada ente público, a su eficiencia en el trabajo. A confiar en ellos o darles el beneficio de la duda de que harán un trabajo de revisión a fondo para constatar si lo que reportan en bienes responden a sus ingresos, se supone que eso deben hacer. Y si encuentran anomalías sancionar de manera ejemplar buscando advertir a otros. 

Todo está listo en cuestión tecnológica para que en mayo se facilite a los servidores públicos –porque ahora la obligación es de todos los burócratas– a presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal. Sólo tienen que subir su información al portal nacional y sin costarles un peso. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción creó esta herramienta digital, que se distribuirá de manera gratuita a todos los entes públicos que lo pidan, y hasta el momento van muy pocos, menos de 20 cuando son más de 400. Lo único que tienen que hacer es contar con una computadora y conexión a Internet para poder cumplir con esta obligación de declaraciones. 

El siguiente año ya no será voluntario, ya será obligatorio y si no lo hace serán sujetos a sanciones. 

Y aquí lo que pedimos es la capacitación puntual de todos los contralores o también llamados titulares de órganos internos de control, porque sólo ellos serán los responsables de vigilar que toda la información sea correcta y poder despertar los casos de abusos y procesar las denuncias de situaciones irregulares. 

Aparte de todas las obligaciones que tendrán como recibir y procesar las quejas contra los servidores públicos, ahora se suma la realización de la compulsa de lo declarado contra su forma de vida y los bienes que presume. 

Esperamos que haya la voluntad, sobre todo los de zona metropolitana y la estatal, de tener una estrategia clara y pública sobre cómo reportar de manera ciudadana a los funcionarios públicos, a quienes de un día a otro elevan su calidad de vida llamando la atención de conocidos y vecinos, y que ante la sospecha de uso indebido de recursos públicos quisieran denunciar. 

La responsabilidad total está en los contralores internos de todos los entes públicos de todos los niveles; a ellos les echaron la bolita para ver si hay cambios el siguiente año sobre la forma en que se revisa esta información. 

Además de poner el ejemplo para castigar a quienes llegan a incrementar su patrimonio de manera sorprendente y sin alguna justificación. De ellos depende que esta parte del sistema estatal anticorrupción funcione. 

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